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El esquema de seguridad de Juliana Guerrero le costó al Estado $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. La cifra, revelada por el director de la Unidad Nacional de Protección, abre una discusión que va mucho más allá del monto. La clave está en reconstruir cómo nació la protección, qué decisiones permitieron mantenerla y por qué la Procuraduría revisa ahora parte de ese procedimiento.
La revelación ocurrió durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí, Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, informó cuánto había costado la protección de Juliana Guerrero durante cerca de año y medio. El dato llamó la atención de inmediato: $739 millones.
Pero la cifra necesita contexto. Si ese valor se divide de manera uniforme entre aproximadamente 18 meses, equivale a un promedio cercano a $41 millones mensuales. También representa unos $1,35 millones diarios. Ese cálculo sirve solo como referencia. No significa que la UNP haya gastado exactamente lo mismo cada mes. Los costos pueden incluir escoltas, vehículos blindados, combustible, mantenimiento y desplazamientos.
El esquema de seguridad de Juliana Guerrero comenzó en marzo de 2025
La primera fecha clave es el 6 de marzo de 2025. Ese día, Juliana Guerrero fue nombrada secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior. También asumió funciones de coordinación dentro de esa cartera. Según explicó después Augusto Rodríguez, entonces director de la UNP, ese mismo 6 de marzo llegó una solicitud para brindarle protección.
La petición habría salido del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre. Rodríguez aseguró que el documento incluía información sobre amenazas y riesgos que justificaban estudiar el caso. Angie Rodríguez, quien dirigía entonces el Dapre, controvirtió posteriormente esa versión. Sostuvo que su firma habría sido utilizada sin autorización y anunció actuaciones para aclarar lo sucedido. Ese cruce de versiones convirtió el origen del esquema en uno de los primeros puntos de controversia.
Una resolución calificó su riesgo como extraordinario
El siguiente documento importante tiene fecha del 13 de mayo de 2025. Una resolución de la UNP conocida por medios nacionales estableció que Guerrero tenía un nivel de riesgo extraordinario mientras trabajaba en el Ministerio del Interior. Con base en esa valoración, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas recomendó una protección que incluía un vehículo blindado y dos personas de protección.
Ese documento también contradijo versiones que circularon después en redes sociales. Algunas publicaciones hablaban de tres camionetas y hasta nueve escoltas. La resolución conocida no respaldaba esas cifras. Sin embargo, la cronología deja una pregunta. La UNP informó ahora que los gastos comenzaron en marzo de 2025. La resolución conocida está fechada en mayo; por tanto, falta establecer qué medidas tuvo Juliana Guerrero durante esas primeras semanas, cuánto costaron y con qué acto administrativo se autorizaron.
La protección continuó después de su salida del Gobierno
El esquema no desapareció cuando Guerrero dejó de ejercer funciones dentro del Gobierno. En abril de 2026, la continuidad de la protección generó nuevas preguntas. Para entonces, ya no ocupaba el mismo cargo desde el cual se había evaluado originalmente su nivel de riesgo. Augusto Rodríguez explicó en ese momento que la protección no dependía únicamente del cargo.
Según la UNP, una persona puede conservar medidas si persisten las condiciones de riesgo. En el caso de Guerrero, su situación habría pasado a una nueva evaluación relacionada con su condición de activista. Esto explica por qué dejar un empleo público no implica automáticamente perder un esquema; sin embargo, también obliga a revisar otra pregunta: qué estudios permitieron mantener la protección durante los meses siguientes.
Agosto abrió otra controversia
En agosto de 2026, el caso volvió a cobrar fuerza. Medios nacionales divulgaron un audio relacionado con gestiones para mantener o modificar la protección de Guerrero. Las publicaciones señalaban que se discutía su posible acreditación como activista política o defensora de derechos humanos. Esa condición podía tener efectos sobre el trámite ante la UNP.
La existencia del audio no prueba, por sí sola, que haya ocurrido una irregularidad; sin embargo, el episodio aumentó los cuestionamientos sobre el procedimiento y terminó formando parte de los antecedentes revisados por los organismos de control.
La Procuraduría revisa cómo se tomaron las decisiones
La Procuraduría abrió una indagación previa para revisar actuaciones relacionadas con los esquemas de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz. El organismo pidió información a entidades como el Ministerio del Interior, la UNP y las instancias que intervienen en la evaluación del riesgo. El objetivo es establecer cómo se tomaron las decisiones y qué soportes permitieron otorgar o mantener las medidas.
La investigación busca determinar si hubo irregularidades administrativas. Hasta ahora, la Procuraduría no ha declarado responsable a Juliana Guerrero ni ha concluido que su esquema fuera ilegal. Ese punto debe quedar claro.
¿Cuánto costó realmente cada etapa?
La cifra de $739 millones permite conocer el gasto total, pero no muestra cómo se distribuyó. Todavía faltan respuestas sobre cuánto correspondió al vehículo blindado, cuánto al personal de protección y cuánto a otros gastos operativos. También falta saber si el esquema tuvo modificaciones durante los 18 meses.
Otra pregunta importante es si el nivel de protección cambió después de que Guerrero dejó el Ministerio del Interior. Sin ese desglose, resulta difícil establecer si el valor total corresponde al costo normal de un esquema de ese nivel o si existieron gastos adicionales que merezcan una explicación.
La diferencia está en seguir la ruta del dinero
La discusión no debería quedarse en decir que el esquema costó $739 millones. La cifra es apenas el punto de partida. Lo importante es reconstruir quién solicitó la protección, cuándo comenzó, qué evaluaciones la respaldaron, cómo cambió y qué decisiones permitieron mantenerla durante cerca de 18 meses.
También falta conocer el costo de cada etapa. La revelación del director de la UNP respondió una pregunta: cuánto gastó el Estado. Pero dejó abierta otra más importante: cómo se llegó a gastar esa cantidad en el esquema de seguridad de Juliana Guerrero. Esa es la ruta que todavía falta reconstruir.
