Un duro golpe recibió la estrategia de reorganización del sistema de salud en Colombia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del masivo traslado de usuarios, advirtiendo que no existen las condiciones para asegurar la atención de los pacientes.

La incertidumbre sobre el futuro de la salud en el país sumó un nuevo capítulo jurídico. En un fallo de última hora, la justicia ordenó detener de inmediato el proceso que pretendía migrar a 6 millones de pacientes hacia la Nueva EPS. La decisión responde a las crecientes dudas sobre la capacidad financiera y operativa de la entidad para absorber a tal volumen de personas sin poner en riesgo la prestación de servicios vitales.

¿Riesgo para la vida?

El Tribunal basó su decisión en la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud. Según el auto, el traslado masivo se estaba realizando sin un plan de contingencia claro que garantizara la continuidad de tratamientos de alto costo, cirugías programadas y entrega de medicamentos. La falta de una red de atención robusta en todo el territorio nacional fue el argumento de peso para poner un «freno de mano» a la medida gubernamental.

Incertidumbre en los usuarios

Para los millones de colombianos que estaban en el limbo, este fallo representa un alivio momentáneo, pero también una fuente de confusión. Mientras la Nueva EPS y el Gobierno Nacional evalúan los pasos a seguir para impugnar la medida, los pacientes deberán permanecer en sus EPS actuales hasta que se resuelva el fondo del asunto jurídico. La crisis del sistema de salud entra así en una fase de parálisis técnica que mantiene en vilo a las clínicas y hospitales del país.