Lo que debía ser un encuentro para dar tranquilidad a miles de familias en el Cesar, terminó en una silla vacía. En Valledupar, se organizó una mesa de diálogo para hablar sobre qué pasará con el trabajo y la plata en la región cuando el carbón deje de ser el protagonista, pero el intento falló. El Gobierno Nacional llegó con propuestas, pero las grandes empresas mineras no asistieron, dejando la conversación en un punto de mucha tensión.
El miedo de quedarse sin sustento
Para nadie es un secreto que en nuestro departamento el carbón es el motor que mueve la economía. Sin embargo, el mundo está cambiando y cada vez se pide menos este mineral. El problema es que, mientras los países grandes deciden dejar de usar combustibles fósiles, aquí en casa miles de trabajadores no saben qué harán para llevar el pan a la mesa si las minas cierran de un día para otro. La reunión buscaba pactar una «transición justa», que no es otra cosa que asegurar que los mineros tengan nuevos empleos, que se cuide su salud y que los pueblos no queden fantasmas cuando la actividad se detenga.
Un choque de voluntades
Desde el Gobierno aseguran que ya están listos los decretos y las reglas para empezar a negociar en serio. Según los funcionarios, el camino ya está marcado y el único obstáculo ahora es que las empresas no quieren sentarse a la mesa. Por su parte, la inasistencia de compañías como Drummond, Cerrejón y CNR dejó claro que todavía hay un abismo de desconfianza entre el sector privado y el Estado.
¿Qué viene para el Cesar?
El Cesar es, quizás, el lugar donde esta discusión es más urgente en toda Colombia. No se trata solo de números o leyes, sino del impacto real sobre las familias que dependen directa o indirectamente de la mina. Si el cambio no se planea con orden, el golpe social podría ser muy duro para la región.
«El desafío es pasar de los papeles y los anuncios a compromisos reales que le den seguridad a la gente», coinciden analistas locales.
A pesar del desplante, el Gobierno anunció que seguirá adelante con la agenda. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo se va a planear un futuro para el departamento si los dueños de las minas y el Estado no logran ponerse de acuerdo?