La indignación y el morbo se apoderan de los pasillos de la Universidad Popular del Cesar (UPC). La institución está a punto de dar luz verde a un controvertido proyecto para construir una nueva sede en La Jagua de Ibirico, una obra que promete mover un botín de miles de millones de pesos. Sin embargo, lo verdaderamente escandaloso es quién tiene en sus manos el destino de esta jugosa inversión: Juliana Guerrero, la delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior, una mujer que hoy es el rostro de la burla académica nacional.
Mientras el rector Rober Romero defiende a capa y espada el proyecto de La Jagua, la sombra de la corrupción y el fraude judicial persigue a su consejera estrella.
¿Decidiendo el futuro de una universidad con «diplomas chimbos»?
Resulta irónico, morboso y casi grotesco que el rumbo de la principal universidad del Cesar dependa del voto de alguien a quien la justicia acusa de no haber pisado un salón de clases. Hace apenas unas semanas, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Juliana Guerrero los graves delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
¿Su pecado? Haber presentado presuntamente diplomas falsos de contadora pública y tecnóloga de la Fundación Universitaria San José para intentar coronar un alto cargo en el Gobierno Nacional. La desfachatez llegó a tal punto que la misma Fiscalía aseguró que Guerrero nunca fue a clases, no presentó exámenes y se saltó las pruebas de Estado (Saber Pro). Pese a que el ente acusador pidió hasta detención domiciliaria y la universidad le anuló el título de un plumazo, el presidente Petro la mantiene atornillada en su silla del Consejo Superior de la UPC.
La danza de los millones y el voto del escándalo
Pero el morbo de esta historia no termina en los títulos falsos. Juliana Guerrero es la pieza clave del rompecabezas. El rector Romero necesita exactamente cinco votos en el Consejo para aprobar la construcción de la sede en La Jagua de Ibirico, y adivinen quién es ese quinto y definitivo voto: sí, la señora Guerrero.
El proyecto que ella está a punto de avalar huele a peligro financiero. Mientras nos venden la idea de una universidad para 5.000 estudiantes, voces como la del exconsejero Carlos Morón Cuello destapan una olla podrida. Morón ha denunciado públicamente que los conceptos técnicos de la obra son un completo «absurdo», llegando al extremo de afirmar que son un descarado «copia y pega» de los documentos del Centro de Conciliación Franklin Martínez.
¿Se aprobará a pupitrazo limpio una obra sin estudios de seguridad jurídica y financiera serios? El espejo de la Universidad Nacional en La Paz asusta: más de 200.000 millones de pesos invertidos con recursos de regalías para albergar a escasos 1.200 estudiantes.
Hoy, la UPC se enfrenta a su hora más oscura. El futuro educativo de miles de jóvenes del corredor minero, y el manejo de una multimillonaria suma de dinero público, pende del hilo de una consejera presidencial que, ante los ojos de la justicia y la opinión pública, representa la antítesis de la ética académica. ¿Premiarán el fraude dándole el poder de decidir sobre la educación del Cesar?