La renuncia de la secretaria de Educación del Cesar, Yasmín Rocío García Meneses, se convirtió en el primer efecto visible de la confrontación que se ha venido agudizando entre la Gobernación del Cesar y la Universidad Popular del Cesar por la aprobación de una sede en La Jagua de Ibirico.
La salida de la funcionaria ocurre en un momento especialmente tenso para la relación entre ambas instituciones, marcado por desacuerdos políticos, cuestionamientos sobre la sostenibilidad del proyecto y choques internos en el Consejo Superior Universitario. Aunque hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial detallado por parte de la Gobernación, la decisión ha sido interpretada como una consecuencia directa de la posición asumida en la sesión en la que se avaló jurídicamente la nueva sede. Según la información conocida, la renuncia no habría obedecido a una determinación voluntaria de la funcionaria, sino a una solicitud hecha desde la Casa de Gobierno.
El episodio ha llamado aún más la atención porque, durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario realizada en La Jagua de Ibirico, García Meneses expuso la postura institucional de la Gobernación leyendo de manera textual un pronunciamiento que, aunque dejaba constancia de reparos técnicos y financieros, expresaba disposición de acompañar la iniciativa en términos de articulación territorial. Esa intervención quedó registrada en video y ahora se convierte en un elemento clave dentro de la controversia.
La situación abre nuevos interrogantes sobre el manejo interno del conflicto, especialmente alrededor de quién definió la directriz oficial que fue leída durante la sesión y por qué, pese a haber seguido esa línea institucional, la funcionaria terminó apartada del cargo. Hasta el momento, ni la exsecretaria ni la Gobernación han dado explicaciones públicas sobre ese punto.
Más allá de la renuncia, el caso vuelve a mostrar el ambiente de inestabilidad que rodea actualmente a la UPC y a los sectores políticos involucrados en las decisiones sobre su futuro. A esta controversia se suman otros factores que han alimentado el debate en los últimos días, como las tensiones alrededor del proceso de elección de rector, los desacuerdos dentro del Consejo Superior y la participación de figuras que han generado cuestionamientos dentro y fuera de la universidad.
La salida de Yasmín Rocío García Meneses deja así una señal clara de que el conflicto por la sede de La Jagua de Ibirico ya no se limita al plano académico o administrativo, sino que empieza a tener repercusiones directas en la estructura del Gobierno departamental.