Bajo el inclemente sol que por estos días se siente en Valledupar, un grupo de 180 representantes indígenas, campesinos y afrodescendientes, con la piel curtida por el campo y el uniforme de la institucionalidad, se dio cita en la Universidad Nacional sede La Paz. No era una reunión cualquiera; era el IV Diálogo Intercultural sobre el Manejo Integral del Fuego, un espacio donde la técnica de los expertos y el saber ancestral de comunidades indígenas y campesinas se miraron a los ojos para buscar una salida a una tragedia silenciosa: las llamas que devoran nuestro patrimonio natural.
“Aquí están reunidos campesinos, indígenas y afrodescendientes de estos tres departamentos, que han sido convocados para dialogar sobre el manejo integral del fuego y cómo con este intercambio de saberes podemos entender de mejor manera lo que nos permita reducir las condiciones de riesgo asociadas a los incendios forestales y la atención de los mismos”, dijo Nelson Herrnandez profesional especializado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
El proceso cuenta con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el acompañamiento de los gobiernos de Suiza y Canadá, enfocado en el fortalecimiento de capacidades locales, la coordinación interinstitucional y la gestión territorial del fuego con enfoques interculturales y diferenciales.
Un diagnóstico que duele en la tierra
Las cifras, frías como el mármol pero ardientes como la brasa, fueron el punto de partida. Entre 2020 y 2024, el triángulo geográfico que forma La Guajira, El Cesar y Magdalena ha visto cómo más de 35 mil hectáreas de bosque y capa vegetal se convertían en ceniza. En este periodo, el Cesar registró 438 eventos con una afectación de 15.795 hectáreas; Magdalena reportó 451 incendios que impactaron 13.573,7 hectáreas; mientras que La Guajira presentó 195 eventos que comprometieron 6.572 hectáreas, con impactos en zonas rurales, ecosistemas estratégicos y viviendas. No son solo números; son nidos de aves que se perdieron, nacimientos de agua que se secaron y el aire de nuestros hijos que se llenó de humo.
El diagnóstico es claro pero complejo, la sequía prolongada del fenómeno de El Niño se suma a prácticas de quema mal ejecutadas y, en ocasiones, a la mano criminal que ignora el daño irreparable a la Sierra Nevada y a la Serranía del Perijá.
El saber de la mochila y el del laboratorio
Lo más valioso de este encuentro es el reconocimiento de que el fuego no se apaga solo con agua, sino con conocimiento. «El fuego ha sido parte de nuestra cultura, pero hoy el clima ha cambiado y el fuego se nos está saliendo de las manos», comentó uno de los líderes comunitarios.
El diálogo intercultural busca precisamente eso, que el bombero que atiende la emergencia y el campesino que prepara su tierra hablen el mismo idioma. Las afectaciones han pasado de ser un problema ambiental a una crisis social y económica, golpeando directamente la seguridad alimentaria de nuestras provincias.
Estrategias para blindar el territorio
De este diálogo no solo saldrán lamentos, sino una hoja de ruta regional. Las estrategias propuestas apuntan a tres pilares fundamentales: Sistemas de alerta temprana, es decir, que la tecnología llegue al corregimiento más alejado para avisar antes de que la primera chispa se vuelva incontrolable; educación comunitaria para enseñar que el manejo del fuego es una responsabilidad compartida. Menos quemas «a la ligera» y más rondas preventivas y fortalecimiento institucional, necesario para que los cuerpos de bomberos en Cesar, Magdalena y La Guajira cuenten con las herramientas necesarias, porque la voluntad les sobra, pero los recursos a veces escasean.
Un compromiso con el futuro
Valledupar, como epicentro de este diálogo, manda un mensaje claro al resto del país, el Caribe está dispuesto a entender el fuego para no dejarse consumir por él. Porque al final del día, cuando el humo se disipa, lo único que queda es nuestra responsabilidad de heredarle a la próxima generación un Cesar verde y una Sierra viva. Reducir el riesgo no es solo tarea de la UNGRD o de las corporaciones autónomas; es un pacto de honor con la tierra que nos da de comer.