Tres años después de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, la justicia toca la puerta de uno de sus hombres más cercanos. La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra Ricardo Roa, quien fue gerente financiero de esa campaña y actualmente es presidente de Ecopetrol, la empresa estatal más importante del país.
La decisión no es un fallo ni una condena. Es el inicio formal de un proceso penal en el que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para acusarlo por dos presuntos delitos: violación de topes de gastos electorales y tráfico de influencias.
¿Qué está en discusión?
El primer señalamiento tiene que ver con los límites legales de gasto en campañas políticas. En Colombia, la ley establece montos máximos que un candidato puede invertir en su aspiración presidencial. Si esos montos se superan, no se trata solo de una falta administrativa: puede convertirse en un delito.
Según las investigaciones, durante la campaña presidencial de 2022 se habrían superado esos topes en cifras millonarias. El Consejo Nacional Electoral ya había impuesto sanciones económicas por estas irregularidades en 2025. Ahora, el caso da un paso más al ámbito penal.
El segundo frente es aún más delicado. La Fiscalía investiga si una relación comercial privada —la compra de un apartamento— habría derivado posteriormente en beneficios contractuales desde Ecopetrol hacia una persona vinculada a esa negociación. De comprobarse que hubo uso indebido del cargo para favorecer intereses particulares, podría configurarse el delito de tráfico de influencias.
No es una condena, es un proceso
Es importante subrayarlo: la imputación no significa culpabilidad. En esta etapa, la Fiscalía expone ante un juez los hechos que considera constitutivos de delito y el implicado tiene derecho a defenderse. Hasta el momento no se han anunciado medidas de detención ni suspensión del cargo.
Roa ha rechazado los señalamientos y sostiene que tanto el manejo financiero de la campaña como las decisiones administrativas en Ecopetrol se realizaron conforme a la ley.
Un momento político sensible
La imputación se da en un periodo preelectoral. Colombia se encamina hacia nuevas elecciones y el debate sobre la financiación de campañas vuelve al centro de la discusión pública. Lo que ocurra en este proceso judicial podría influir no solo en la imagen del actual gobierno, sino en la forma en que se regulen futuras contiendas electorales.
Lo que viene
El siguiente paso será la audiencia ante un juez, donde se formalizarán los cargos y se definirá cómo avanzará el proceso. Allí se conocerán con mayor detalle las pruebas que sustenta la Fiscalía y la estrategia de defensa del funcionario.
Mientras tanto, el caso deja una pregunta abierta que trasciende partidos y nombres propios:
¿están funcionando los controles para garantizar campañas transparentes y libres de irregularidades?
La respuesta no la dará un titular, sino el desarrollo del proceso judicial.