El Gobierno nacional confirmó que mantendrá el incremento del 23,7 % en el salario mínimo mediante la expedición de un decreto transitorio, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la norma original por presuntas fallas en su sustento técnico y jurídico.
La decisión, anunciada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, busca preservar el aumento mientras el alto tribunal toma una determinación de fondo. Es decir, el alza seguirá vigente bajo una nueva figura legal, mientras avanza el proceso judicial.
El incremento, decretado inicialmente a finales de 2025, elevó el salario mínimo a cerca de 2 millones de pesos mensuales incluyendo el auxilio de transporte, convirtiéndose en uno de los aumentos más altos en la historia reciente del país.
¿Por qué se suspendió el decreto?
El Consejo de Estado consideró que el decreto original necesitaba una argumentación más sólida desde el punto de vista técnico y económico. Por ello, ordenó al Ejecutivo emitir una nueva norma transitoria en un plazo determinado, sin que eso signifique que el aumento quede sin efecto inmediato.
En términos simples: la justicia pidió ajustar la forma, pero el Gobierno insiste en mantener el fondo.
Una medida que divide opiniones
El aumento ha generado un fuerte debate nacional.
Por un lado, sectores sindicales y trabajadores celebran la medida, señalando que representa un alivio frente al costo de vida, la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo. Para muchos hogares, este incremento significa mayor capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, arriendo y transporte.
Por otro lado, algunos gremios empresariales han manifestado preocupación. Argumentan que un aumento de esta magnitud podría generar presiones en los costos de producción, afectar a pequeñas y medianas empresas e incluso incentivar la informalidad laboral.
Más que economía: un debate institucional
Más allá del impacto financiero, el caso pone en el centro la discusión sobre el equilibrio de poderes. La suspensión provisional evidencia el papel de la justicia administrativa en el control de los actos del Ejecutivo, mientras el Gobierno defiende su facultad constitucional de fijar el salario cuando no hay consenso en la mesa de concertación.
El aumento del salario mínimo no es solo una cifra: es una decisión con efectos sociales, económicos y políticos que marcará el rumbo del 2026.
Por ahora, el mensaje oficial es claro: el 23,7 % se mantiene mientras se resuelve el pulso jurídico.