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El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que su próximo Gobierno promoverá una reforma para aumentar las penas contra quienes asesinen o abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. El pronunciamiento surgió tras los avances conocidos en la investigación por el crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.
De la Espriella afirmó que impartiría instrucciones a su equipo de ministros designados para convertir el endurecimiento de las condenas en una de las primeras iniciativas legislativas de su administración. Según expresó, el propósito será garantizar una justicia más rápida y evitar que los responsables de estos delitos recuperen la libertad.
Reforma buscaría penas más severas
El mandatario electo sostuvo que la protección de la vida, las mujeres y los menores será uno de los ejes de su Gobierno. También señaló que la prevención debe ocupar un lugar prioritario, pero defendió la aplicación de sanciones más fuertes como mecanismo para disuadir los delitos contra la infancia.
“Hoy mismo, en el consejo de ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños”, manifestó De la Espriella en su cuenta de X.
Sin embargo, todavía no se conoce un texto articulado, el alcance jurídico de la reforma ni los delitos específicos que serían modificados. Tampoco se ha informado si el Gobierno entrante propondrá una ley ordinaria, una reforma al Código Penal o un cambio constitucional.
El anuncio tras el crimen de María Camila Potosí
María Camila Potosí desapareció el 16 de julio en Cali. La joven se encontraba en estado de embarazo y fue vista por última vez cuando subió a una motocicleta conducida por una mujer. Días después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia en inmediaciones del río Meléndez, en la vía hacia La Buitrera.
La investigación permitió la captura de cinco personas en operativos desarrollados por la Fiscalía y la Policía en Cali y otros municipios del Valle del Cauca. Entre las detenidas se encuentra la mujer que presuntamente transportó a María Camila el día de su desaparición.
Las autoridades también encontraron restos humanos que podrían corresponder a Alaia, la bebé que esperaba la víctima. Medicina Legal deberá practicar los análisis correspondientes para confirmar plenamente su identidad.
Capturados permanecen privados de la libertad
Los cinco investigados fueron enviados a centros de reclusión mientras continúa el proceso penal. La Fiscalía les atribuyó, de manera provisional, conductas relacionadas con feminicidio agravado, desaparición forzada, secuestro y ocultamiento o alteración de elementos materiales probatorios.
Las imputaciones corresponden a la tesis presentada por el ente acusador y todavía deben ser debatidas ante los jueces. Los procesados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.
La prisión perpetua no está vigente en Colombia
La afirmación de que los responsables “no vuelvan a ver la libertad mientras vivan” enfrenta límites constitucionales. Colombia aprobó en 2020 la prisión perpetua revisable para determinados delitos cometidos contra menores, pero la Corte Constitucional declaró inexequible esa reforma en 2021 al considerar que sustituía principios esenciales de la Constitución, entre ellos la dignidad humana.
Actualmente, el Código Penal establece que una pena de prisión por un solo delito puede alcanzar hasta 60 años. En casos de concurso de conductas punibles, la privación de la libertad tampoco puede superar ese límite. Además, la acción penal por homicidio agravado y delitos sexuales cometidos contra menores es imprescriptible.
Por esa razón, una iniciativa destinada a establecer nuevamente la prisión perpetua tendría que superar un amplio debate constitucional. Una reforma ordinaria sí podría modificar penas, beneficios judiciales, mecanismos de ejecución de las condenas o requisitos para acceder a la libertad condicional, siempre que respete la Constitución.
El proyecto deberá pasar por el Congreso
Una vez posesionado, el nuevo Gobierno deberá presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso. El articulado tendrá que precisar qué delitos serán objeto de mayores condenas, cuáles beneficios quedarían restringidos y qué medidas de prevención, investigación y protección a las víctimas acompañarán el componente punitivo.
Hasta ahora, el anuncio constituye una directriz política y no una reforma vigente. Mientras no se presente y apruebe un proyecto, continuarán aplicándose las penas y procedimientos establecidos actualmente en el Código Penal colombiano.
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