Acuerdan nuevas medidas de protección para el pueblo Kankuamo ante riesgos en su territorio ancestral

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La Gobernación del Cesar realizó la primera sesión extraordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional para avanzar en la implementación de medidas cautelares decretadas en favor del pueblo indígena Kankuamo, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar.

El encuentro permitió fortalecer la articulación entre entidades nacionales, departamentales y municipales, organismos de control, representantes de las víctimas y autoridades indígenas, con el objetivo de revisar las condiciones de seguridad que enfrenta esta comunidad en su territorio ancestral.

Durante la sesión, el cabildo gobernador del pueblo Kankuamo expuso la situación actual de la comunidad y reiteró las alertas por hechos de riesgo registrados entre 2025 y comienzos de 2026, relacionados con la presencia de grupos armados ilegales en zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

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La Unidad de Restitución de Tierras, URT, que actúa como apoderada dentro de la medida cautelar, presentó ante el comité las condiciones de seguridad identificadas e insistió en la necesidad de que las entidades competentes avancen en el cumplimiento de las órdenes judiciales orientadas a proteger los derechos étnico-territoriales del pueblo Kankuamo.

El director territorial de la URT en Cesar y La Guajira, Sergio Murillo Clavijo, explicó que este comité adquiere especial importancia porque responde a una orden judicial que busca salvaguardar a una comunidad indígena afectada por graves condiciones de inseguridad.

Según Murillo, las medidas cautelares fueron solicitadas ante los riesgos que enfrenta el pueblo Kankuamo por la presencia de actores armados ilegales en su territorio, situación que obliga a una respuesta institucional coordinada, oportuna y efectiva.

En la jornada participaron la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Agencia Nacional de Tierras, entidades que presentaron las acciones que adelantan para cumplir las medidas ordenadas.

El comité también sirvió como escenario de seguimiento institucional, en el que las organizaciones de víctimas y las autoridades indígenas pudieron conocer los avances, plantear preocupaciones y exigir garantías reales de protección.

La situación del pueblo Kankuamo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios indígenas del Cesar, no solo desde el componente de seguridad, sino también desde la protección de los derechos colectivos, la restitución de tierras, la prevención del desplazamiento y el respeto por la autonomía de los pueblos originarios.

Las autoridades reiteraron que el proceso continuará con seguimiento permanente para garantizar que las medidas cautelares no se queden en compromisos formales, sino que se traduzcan en acciones concretas para proteger la vida, el territorio y la identidad cultural del pueblo Kankuamo.

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