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Un documento difundido por el periodista Melquisedec Torres menciona a Aguachica, Cesar, entre los municipios de un supuesto plan para manipular información electoral durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La denuncia surge mientras avanza una investigación contra Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) capturado en Neiva.
Aguachica aparece mencionada en un documento presentado como informe de inteligencia, cuyo contenido describe un presunto plan de fraude electoral relacionado con las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026. El documento fue divulgado por el periodista Melquisedec Torres y publicado por el portal Chivas y Crónicas el 8 de noviembre. Allí se señala a 17 departamentos y 36 municipios como territorios que habrían sido priorizados para una supuesta operación de manipulación electoral.
Sin embargo, no existe evidencia pública suficiente que permita afirmar que se alteraron los resultados electorales en Aguachica ni que las acusaciones del documento hayan sido corroboradas judicialmente.
Aguachica figura entre los municipios señalados
La mención de Aguachica aparece en el apartado dedicado a una presunta modificación de los mapas de riesgo electoral y de las cifras del preconteo. Según el documento, la supuesta estrategia contemplaba intervenir información electoral para favorecer al entonces candidato Iván Cepeda o generar una controversia sobre los resultados que beneficiaron a Abelardo de la Espriella.
Además de Aguachica, el documento menciona municipios del Caribe colombiano como Uribia, en La Guajira; Zona Bananera, en Magdalena; Sabanalarga, Soledad y Malambo, en Atlántico; y varios municipios de Bolívar; por tanto, la denuncia no se limita al Cesar. Describe una supuesta operación de alcance nacional, aunque hasta ahora no se ha demostrado que ese plan se ejecutara.
Captura de funcionario de la DNI reaviva las denuncias
La publicación del documento coincide con la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años y funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Oyola fue detenido el sábado 7 de noviembre en Neiva, durante un procedimiento en el que participaron investigadores del CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar.
De acuerdo con Blu Radio, su captura está relacionada con una investigación por presunto acceso abusivo a sistemas informáticos. Por su parte, El Colombiano informó que el ingeniero es investigado por una presunta extracción de información reservada mediante una copia del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado; no obstante, la captura y las investigaciones relacionadas con información de inteligencia no prueban, por sí solas, la existencia de una operación para alterar las elecciones presidenciales.
¿Cómo habría funcionado el supuesto fraude electoral?
El documento asegura que Oyola habría obtenido permisos de acceso a sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según esa versión, tales permisos le permitirían ingresar remotamente a información relacionada con el preconteo y modificar cifras antes de la publicación de los boletines electorales. El texto plantea tres supuestos escenarios: aumentar artificialmente votos de Iván Cepeda, incrementar cifras de Abelardo de la Espriella para denunciar posteriormente un fraude o combinar ambas acciones.
También menciona la posible participación de colaboradores extranjeros y atribuye responsabilidades a personas y empresas vinculadas con actividades tecnológicas. Estas afirmaciones corresponden al contenido del documento difundido y no constituyen hechos demostrados. Tampoco se ha acreditado públicamente que Oyola tuviera la capacidad técnica de modificar los resultados de la elección.
Nuevos detalles sobre la trayectoria de Carlos Andrés Oyola
Una investigación publicada el 8 de noviembre por la Agencia de Periodismo Investigativo (API) reconstruyó parte de la trayectoria profesional de Oyola. El informe señala que el ingeniero trabajó en la unidad de trabajo legislativo del entonces senador Rodrigo Villalba Mosquera y tuvo contratos relacionados con el manejo y análisis de información en la Contraloría General de la República.
Además, API examinó documentos que mencionan una supuesta operación de inteligencia denominada «Grecia», relacionada con actividades de seguimiento a campañas políticas y acceso a sistemas informáticos; sin embargo, los antecedentes laborales documentados no acreditan las actividades ilegales que se le atribuyen ni permiten establecer su participación en un supuesto fraude electoral.
¿Es posible modificar los resultados mediante el preconteo?
Este punto resulta fundamental para comprender el alcance de la denuncia. La Registraduría Nacional del Estado Civil establece una diferencia entre el preconteo y el escrutinio electoral. El preconteo corresponde a la divulgación preliminar de los votos registrados durante la jornada. Su finalidad es informar rápidamente a la ciudadanía, pero sus cifras no tienen valor jurídico vinculante.
En cambio, los resultados oficiales se determinan mediante los escrutinios, que incluyen la revisión de las actas electorales y las actuaciones de las comisiones escrutadoras, por consiguiente, una eventual alteración del preconteo no significaría automáticamente que también se modificaron los resultados oficiales. Para demostrar un fraude sería necesario identificar alteraciones concretas, establecer quiénes las realizaron y contrastar los registros electorales correspondientes.
Aguachica: ¿qué deben aclarar las autoridades?
La aparición de Aguachica en el documento abre interrogantes que requieren respuestas de las instituciones electorales y judiciales. Entre ellos está determinar si existieron accesos informáticos irregulares, si las autoridades recibieron alertas sobre presuntas manipulaciones y si se identificaron anomalías durante la transmisión de resultados del 21 de junio.
También resulta pertinente conocer si la Fiscalía investiga alguna conexión entre las actividades atribuidas a Oyola y las operaciones electorales mencionadas en el documento. Finalmente, una comparación técnica entre los registros del preconteo, los formularios E-14 y los resultados oficiales permitiría examinar posibles diferencias, sin presumir que estas constituyen fraude.
Por ahora, Aguachica aparece en una denuncia de supuesto fraude electoral, no en una conclusión judicial que confirme su existencia. La investigación contra Carlos Andrés Oyola Tovar deberá esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades informáticas. Mientras tanto, la autenticidad del documento divulgado y sus acusaciones sobre las elecciones de 2026 continúan pendientes de corroboración.
