La suspensión del decreto que fijaba el aumento salarial encendió la tensión política y económica en el país. Gobierno, empresarios y sindicatos vuelven a la mesa mientras millones de trabajadores esperan una respuesta.
Colombia vuelve a estremecerse por el salario mínimo. Lo que parecía una decisión ya tomada se convirtió en una nueva tormenta política luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que había fijado el incremento para 2026. La medida abrió una pregunta que inquieta a millones de trabajadores: ¿puede bajar el salario mínimo?
El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza. Aunque aseguró que respetará la decisión judicial, también convocó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de lo que ha llamado un “salario mínimo vital”. El mensaje fue claro: la discusión no será solo técnica, sino también política y social.
La suspensión del decreto obliga ahora al Gobierno a expedir un nuevo acto administrativo ajustado a los criterios legales, especialmente los relacionados con inflación y productividad, tal como lo exige la normativa vigente. En términos prácticos, el salario actual no desaparece de inmediato, pero sí queda en el aire el porcentaje definitivo que regirá este año.
Este lunes comienza la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde Gobierno, empresarios y sindicatos intentarán alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el ambiente no es el más tranquilo. Mientras las centrales obreras defienden el incremento argumentando pérdida del poder adquisitivo y altos costos de vida, sectores empresariales advierten que un aumento elevado podría afectar el empleo formal, presionar la inflación y golpear a las pequeñas y medianas empresas.
El debate, más allá de lo técnico, se ha convertido en un pulso político. Petro sostiene que el salario mínimo debe garantizar condiciones dignas frente al aumento del costo de vida. Sus críticos, en cambio, señalan que las decisiones salariales deben estar estrictamente sustentadas en indicadores económicos y no en discursos de movilización.
La posibilidad de que el salario sea ajustado —ya sea hacia arriba o hacia abajo— dependerá del nuevo decreto que expida el Ejecutivo y del desarrollo de la concertación. Aunque una reducción drástica luce improbable en términos políticos, el escenario de modificación genera incertidumbre en hogares y empresas.
En el fondo, lo que está en juego no es solo una cifra mensual, sino el equilibrio entre justicia social, estabilidad económica y respeto institucional. Colombia vuelve así a debatirse entre la calle y la mesa técnica, entre la presión social y los indicadores macroeconómicos.
Las próximas semanas serán decisivas. Lo que ocurra en la mesa de concertación y la respuesta ciudadana marcarán el rumbo de una de las decisiones más sensibles para la economía nacional en 2026.