A escasos días de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, las alarmas por alteraciones al orden público se encienden en el departamento del Cesar. Este viernes, la Registraduría Nacional del Estado Civil se vio obligada a suspender de manera indefinida las jornadas de capacitación para los jurados de votación en el municipio de Río de Oro, tras registrarse graves hechos de violencia en la zona.
La decisión fue tomada luego de que un grupo armado ilegal —cuya identidad aún es materia de investigación por parte de las autoridades— hostigara la estación de Policía de la población. La situación generó pánico entre los habitantes, agravada por el hecho de que el comando policial se encuentra ubicado a muy poca distancia del recinto donde los ciudadanos estaban recibiendo la instrucción electoral.
Toque de queda virtual y suspensión de actividades
Ante el inminente riesgo, la Alcaldía Municipal de Río de Oro emitió una orden perentoria a la comunidad para que suspendiera cualquier tipo de actividad y se resguardara en sus hogares. Cabe recordar que en esta región del Cesar existe una fuerte presencia de estructuras armadas como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Por su parte, la Registraduría fue enfática a través de un comunicado: «Hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, no se podrá asegurar el avance de las jornadas de capacitación». Esta parálisis temporal amenaza con impactar la logística y el normal desarrollo de los comicios en ese municipio.
Cesar, bajo la lupa del riesgo electoral
Las autoridades departamentales evalúan por estas horas convocar una reunión extraordinaria del comité de seguimiento electoral en Río de Oro para definir las medidas que logren blindar las elecciones de la próxima semana.
Este hostigamiento armado no es un hecho aislado en el departamento. Recientemente, se registró el secuestro exprés del candidato al Senado Andrés Vásquez, en el municipio de Pelaya, Cesar, quien fue retenido por hombres armados durante varias horas.
La grave situación de seguridad confirma las advertencias previas de la Defensoría del Pueblo, que en sus recientes mapas de riesgo electoral ya había catalogado al departamento del Cesar como una zona que requiere observación permanente, debido a la vulnerabilidad frente a posibles saboteos violentos durante la actual contienda política.