Por: Diego Armando Borrego
Lo que está pasando hoy en las altas esferas de Bogotá no es un simple pleito de abogados ni un intercambio de papeles aburridos; es un terremoto institucional que se siente desde La Guajira hasta el Amazonas. Y hay que decirlo sin rodeos: estamos ante uno de los choques de trenes más peligrosos de los últimos años.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial —ese grupo de «sabios» que reúne a los presidentes de todas las Cortes y al Fiscal General— se cansó de los ataques y hoy dio un golpe en la mesa. Con un comunicado que se lee entre líneas como un «¡Basta ya!», le exigieron al Gobierno Nacional respeto. Respeto por sus jueces y respeto por sus fallos, nos guste o no.
¿Por qué están peleando los poderosos? (Y por qué te afecta a ti)
Para entender este lío, hay que hablar claro. La semana pasada, el Consejo de Estado frenó en seco el decreto del presidente Gustavo Petro que subía el salario mínimo un 23%. El Presidente quería aplicar lo que llama un «Salario Vital», una idea noble sobre el papel para que la plata alcance para más.
Pero los jueces dijeron: «Momento, Presidente. La intención es buena, pero la forma es ilegal». Según la justicia, el Gobierno se saltó las reglas del juego, ignoró las matemáticas de la inflación y la productividad que manda la ley, y sacó un decreto a la fuerza.
Aquí viene el toque alarmante: Esa plata con la que millones de familias colombianas ya contaban para pagar el arriendo, el mercado o las deudas de diciembre, hoy es humo. Jurídicamente, ese aumento está congelado. El bolsillo de la gente quedó atrapado en medio de una pelea de tigres.
La Justicia se blinda: «No somos enemigos, somos la Ley»
El ambiente se puso color de hormiga cuando el Presidente, furioso por la decisión, convocó a la gente a la calle para «defender el salario». Eso encendió las alarmas en el Palacio de Justicia.
En su pronunciamiento de hoy, los magistrados le mandaron un mensaje clarito al Ejecutivo: No nos echen a la gente encima.
«Las discrepancias se resuelven con recursos legales, no a gritos ni con presiones», dieron a entender.
Básicamente, le están diciendo al Gobierno que en una democracia nadie, ni siquiera el Presidente, está por encima de la ley. Si un juez dice «no», se apela, pero no se incendia el país.
El peligro de jugar con fuego
Como analistas, debemos advertir lo delicado de este momento. Cuando un Gobierno empieza a decir que los jueces son «enemigos del pueblo», se rompe algo sagrado. Se pierde la confianza. ¿Quién nos garantiza mañana que se respetarán nuestros derechos si la justicia pierde su autoridad?
Estamos caminando por el borde del abismo. Por un lado, un Gobierno que siente que no lo dejan gobernar; por el otro, unos jueces que sienten que los quieren intimidar. Y en el medio, usted y yo, el ciudadano de a pie, mirando con angustia cómo los precios suben en la tienda mientras los sueldos se debaten en los tribunales.
¿Qué va a pasar?
La tensión se corta con cuchillo. Se vienen marchas, discursos encendidos y mucha incertidumbre. El Gobierno tiene que sacar un nuevo decreto rápido, o el caos económico será total.
La pregunta que nos hacemos todos hoy es: ¿Quién va a parpadear primero? ¿El Presidente bajará la cabeza y acatará la orden, o acelerará a fondo contra las Cortes?
Lo único seguro es que esta pelea apenas comienza, y lamentablemente, en estas guerras de elefantes, el que siempre sale aplastado es el pasto (o sea, el pueblo).