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El caso Yulixa Toloza dio un nuevo y complejo giro judicial. Las autoridades enfrentan graves dificultades para lograr que tres implicados capturados en Venezuela respondan ante la justicia en Colombia.
Ubicados en la frontera y bajo arresto
Las autoridades venezolanas confirmaron la detención de Edison José Torres, Eduardo David Ramos y María Fernanda Delgado Hernández. Los tres señalados cruzaron la frontera desde Colombia tras el crimen. Los investigadores los ubicaron específicamente en los estados de Portuguesa y Aragua.
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Sin embargo, existe una enorme incertidumbre sobre el futuro de los detenidos. El principal obstáculo radica en el artículo 69 de la Constitución de Venezuela, el cual prohíbe de forma taxativa la extradición de sus ciudadanos nacionales. Al ser requeridos por la justicia colombiana, la legislación del vecino país determina que el proceso judicial debe adelantarse desde Venezuela.
La encrucijada por la diferencia de delitos
La situación jurídica se complica aún más por la tipificación de las conductas penales. Colombia pretende imputar cargos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento de pruebas. No obstante, en Venezuela algunos de estos delitos tienen serias limitaciones legales debido a que los hechos ocurrieron en territorio extranjero.
Ante este escenario, la Fiscalía General de la Nación corre contra el reloj. El sistema judicial de Venezuela otorga un plazo máximo de 60 días para que Colombia presente todos los documentos y recaudos formales ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
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Si este tiempo de 60 días se vence o la documentación llega incompleta, los tres detenidos podrían recuperar su libertad de inmediato. Este panorama genera máxima preocupación entre los allegados de la víctima, pues las capturas se lograron apenas días después de hallarse el cuerpo de Yulixa Toloza en la vereda El Copial de Apulo, Cundinamarca.