Chiriguaná y sus embargos millonarios volvieron a quedar en el centro del debate público tras revelarse que al municipio le han sido descontados más de $150 mil millones desde 1997 por procesos judiciales y medidas de embargo. La administración logró ahora acogerse a la Ley 550 de 1999, una decisión que busca frenar el desangre financiero y evitar que la crisis termine paralizando el funcionamiento institucional.
El municipio de Chiriguaná recibió una noticia que podría marcar un antes y un después para sus finanzas. El Ministerio de Hacienda aprobó la solicitud para acogerse a la Ley 550 de 1999, mecanismo que permite reorganizar pasivos, establecer acuerdos con acreedores y proteger temporalmente a la administración de nuevos embargos.
La medida llega en medio de una situación crítica que, según la Secretaría de Hacienda municipal, se viene arrastrando desde hace décadas y ha dejado a la administración contra las cuerdas por cuenta de deudas, demandas y compromisos acumulados.
Chiriguaná perdió más de $150 mil millones en embargos
El secretario de Hacienda de Chiriguaná, Gustavo Pisciotti, aseguró en diálogo con Radio Guatapurí que el municipio nunca tuvo una defensa judicial sólida que permitiera enfrentar múltiples procesos que terminaron en condenas y millonarios pagos.
“Desde el año 1997 hasta la fecha al municipio le han quitado por concepto de embargos alrededor de $150 mil millones”, afirmó el funcionario.
La cifra refleja el impacto que tuvieron durante años las demandas y medidas judiciales sobre las finanzas municipales, especialmente en épocas donde las regalías llegaban directamente a los municipios productores y existía una mayor disponibilidad de recursos.
El problema, según la administración, no solo es histórico: todavía sigue golpeando la capacidad operativa del municipio. Pisciotti explicó que aunque las inversiones financiadas con recursos nacionales continúan, el verdadero cuello de botella está en los gastos de funcionamiento y en la capacidad de responder a obligaciones pendientes.
Ley 550: el salvavidas financiero para Chiriguaná
La aprobación de la Ley 550 representa una especie de blindaje temporal frente a nuevos embargos. Mientras se adelanta el proceso de reorganización, muchos de los cobros judiciales quedan suspendidos y el municipio podrá establecer acuerdos de pago con acreedores.
La Ley 550 de 1999 fue creada precisamente para permitir la reactivación económica y administrativa de entidades territoriales y empresas en crisis financiera. El Ministerio de Hacienda explica que este mecanismo busca facilitar la recuperación fiscal y garantizar la sostenibilidad institucional. (minhacienda.gov.co)
Pisciotti señaló que esta decisión permitirá atender obligaciones básicas que hoy están en mora, entre ellas pagos de seguridad social, salarios, prestaciones y compromisos laborales.
“Ya no nos van a poder embargar, los procesos se frenan y eso nos va a dar la facilidad de poder cumplir con las obligaciones del municipio”, sostuvo el funcionario.
Las deudas que tienen contra las cuerdas al municipio
El panorama financiero de Chiriguaná sigue siendo complejo. Según detalló la administración, el municipio mantiene deudas millonarias con varias entidades y contratistas.
Afinia, alumbrado público y prestaciones pendientes
Entre los compromisos más altos aparece una deuda cercana a $9 mil millones con Afinia. A eso se suma un pasivo de aproximadamente $11 mil millones relacionado con una concesión de alumbrado público que, según Pisciotti, terminó convirtiéndose en uno de los mayores errores financieros del municipio.
También existen obligaciones pendientes con Corpocesar, la Gobernación del Cesar, contratistas y trabajadores vinculados mediante órdenes de prestación de servicios.
En total, el pasivo que será sometido a reestructuración ronda los $53 mil millones, una cifra que obliga a tomar decisiones drásticas dentro de la administración.
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Reducirán la planta de personal en Chiriguaná
Otro de los puntos más delicados será la reducción de la burocracia municipal. La administración confirmó que inició un proceso de reestructuración de la planta de personal por recomendación del Ministerio de Hacienda.
Actualmente, la alcaldía tiene alrededor de 110 funcionarios, cuando hace apenas algunos años operaba con cerca de 50 o 60 trabajadores.
Según el estudio adelantado con apoyo de la ESAP y Función Pública, el crecimiento de la nómina no estuvo acompañado de estudios técnicos suficientes, situación que hoy presiona aún más las finanzas municipales.
“Chiriguaná sí o sí debe reducir su planta de personal para poder ser funcional”, advirtió el secretario de Hacienda.
El gasto anual de funcionamiento de la administración estaría cercano a los $13 mil millones, un peso difícil de sostener para un municipio golpeado por deudas históricas y limitaciones presupuestales.
El reto de evitar otro colapso financiero
La crisis de Chiriguaná revive el debate sobre el manejo de regalías, el crecimiento burocrático y la falta de defensa jurídica en varios municipios del Cesar durante las últimas décadas.
Aunque la entrada a Ley 550 representa un alivio temporal, el verdadero desafío será evitar que el municipio vuelva a caer en el mismo círculo de demandas, embargos y sobreendeudamiento.
Por ahora, Chiriguaná ganó tiempo. Pero el tamaño de las deudas demuestra que la recuperación financiera será larga y compleja.