Por Diego Borrego
Una decisión judicial sacudió este viernes el panorama económico del país. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, dejando en pausa el incremento anunciado por el Gobierno y obligándolo a expedir un nuevo acto administrativo en un plazo máximo de ocho días calendario.
La medida cautelar no significa que el aumento haya sido anulado de forma definitiva. Sin embargo, sí implica que el decreto queda temporalmente sin efectos, mientras el alto tribunal estudia de fondo si cumplió con todos los requisitos legales y técnicos exigidos para este tipo de decisiones.
El incremento que había sido establecido —cercano al 23,7 % frente al año anterior— generó reacciones encontradas desde su anuncio. Para los trabajadores representaba un alivio frente al costo de vida; para algunos sectores empresariales, una preocupación por el impacto en los costos laborales y el empleo formal.
Ahora, el centro del debate no es solo el porcentaje del aumento, sino la motivación técnica del decreto. Según lo señalado por la corporación judicial, el Gobierno debe sustentar con mayor claridad los criterios económicos utilizados para fijar la cifra.
Entre los elementos que deben ser considerados están la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la participación de los salarios en el ingreso nacional. Estos factores no son opcionales: hacen parte de las exigencias constitucionales y legales que rigen la fijación del salario mínimo en Colombia.
La orden del Consejo de Estado deja al Ejecutivo con una tarea urgente: expedir un nuevo decreto transitorio debidamente justificado, evitando posibles vicios que puedan comprometer su legalidad. De no hacerlo dentro del plazo establecido, podría generarse un vacío normativo con efectos sobre contratos laborales, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social.
La decisión revive un precedente importante: en el pasado, el alto tribunal ya ha tumbado decretos de salario mínimo por fallas en su fundamentación técnica. Por eso, más allá del debate político, el mensaje central del fallo apunta a la seguridad jurídica y al cumplimiento estricto de la ley.
Mientras se espera el nuevo decreto, trabajadores, empresarios y analistas económicos permanecen atentos. Lo que está en juego no es solo una cifra, sino el equilibrio entre el poder adquisitivo de millones de colombianos y la estabilidad económica del país.
En los próximos días se conocerá si el Gobierno mantiene el mismo porcentaje de aumento o introduce ajustes. Por ahora, lo único claro es que la justicia administrativa ha puesto el tema del salario mínimo en el centro de la discusión nacional, y el reloj ya empezó a correr.