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El presidente defendió las nuevas reglas para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y lanzó fuertes cuestionamientos contra quienes promueven las próximas movilizaciones. Sindicatos, docentes y organizaciones indígenas se preparan para salir a las calles este miércoles.
Las marchas del 14 de octubre en Colombia tendrán como antesala una contundente advertencia del presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que su Gobierno garantizará la protesta pacífica, pero no permitirá bloqueos permanentes ni hechos de violencia durante las manifestaciones. En su alocución de este lunes 12 de octubre, el mandatario defendió el nuevo decreto que modifica los protocolos de actuación de la Fuerza Pública y cuestionó a los sectores políticos que promueven las movilizaciones contra su administración. El pronunciamiento ocurre cuando sindicatos, docentes, organizaciones indígenas y otros movimientos sociales preparan una jornada nacional de protestas que representa uno de los primeros desafíos de movilización ciudadana para un Gobierno que apenas completa dos meses en el poder.
La intervención presidencial estuvo acompañada de una advertencia dirigida a quienes, según De la Espriella, pretenden utilizar las manifestaciones para provocar desórdenes y desestabilizar al Ejecutivo. El mandatario sostuvo que detrás de las convocatorias se encuentran sectores que gobernaron anteriormente y a los que responsabilizó de la situación económica y energética que recibió su administración. Además, afirmó que responderá con determinación frente a eventuales hechos de violencia. «Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde», expresó el presidente, en una declaración que aumenta la tensión política a pocas horas de las movilizaciones previstas para este miércoles.
Marchas del 14 de octubre: ¿quiénes convocan y por qué protestarán?
La jornada nacional del miércoles 14 de octubre fue convocada por organizaciones sindicales, movimientos indígenas y sectores sociales que han manifestado inconformidad con distintas decisiones del Gobierno. Entre los participantes se encuentran organizaciones vinculadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que reclaman garantías laborales, defensa de la educación pública y soluciones a problemas que afectan al magisterio. También se suman sectores indígenas que exigen cumplimiento de compromisos relacionados con sus derechos territoriales y sociales. Las movilizaciones servirán, además, como antesala de un posible paro nacional que diferentes organizaciones preparan para noviembre, aunque todavía no existe una fecha definitiva para esa convocatoria.
Las organizaciones promotoras han presentado la jornada como una expresión legítima de inconformidad frente a las políticas gubernamentales. No obstante, el movimiento sindical no mantiene una posición unificada sobre la convocatoria. La Confederación General del Trabajo (CGT), por ejemplo, anunció que no acompañará las marchas, mientras otros sectores han optado por mantener canales de diálogo con el Ejecutivo. Esta división demuestra que las organizaciones laborales tienen distintas posiciones frente al nuevo Gobierno y que la protesta del miércoles no representa necesariamente una postura compartida por la totalidad del sindicalismo colombiano. Entretanto, las autoridades deberán preparar los dispositivos de seguridad y movilidad para garantizar tanto el ejercicio de la manifestación como los derechos de los ciudadanos que no participen en ella.
El decreto que cambia la intervención policial
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento presidencial fue la defensa del decreto que modifica los protocolos establecidos para la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales. La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior bajo la dirección de Rodrigo Lara, busca introducir criterios para diferenciar las manifestaciones pacíficas de los episodios violentos y establecer las circunstancias bajo las cuales las autoridades pueden intervenir. Entre los aspectos anunciados se encuentra la posibilidad de actuar frente a agresiones, destrucción de bienes o situaciones que comprometan la seguridad ciudadana, sin que necesariamente deban agotarse todas las etapas de diálogo cuando existan circunstancias excepcionales que justifiquen la intervención.
«Separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue. Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano», manifestó De la Espriella al defender el instrumento durante su alocución. La declaración resume la posición del Ejecutivo, que considera necesario fortalecer las herramientas de las
