La nueva alerta temprana no solo habla de confrontación armada: también advierte sobre desplazamientos, extorsiones, amenazas y control ilegal sobre la población civil en municipios del Cesar y Norte de Santander.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 por el deterioro de la seguridad en Río de Oro y González, en el sur del Cesar, así como en Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander. La advertencia señala que el riesgo para la población civil es actual y está ligado a la confrontación entre distintos grupos armados ilegales y a su expansión hacia nuevos territorios.
Más que un aviso sobre orden público, el documento retrata un escenario en el que las comunidades podrían quedar atrapadas entre disputas por corredores estratégicos, economías ilegales y nuevas alianzas armadas. La Defensoría identifica como actores de riesgo al ELN, facciones disidentes de las FARC-EP y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
Para el caso del Cesar, la alerta se concentra en Río de Oro y González, dos municipios que, según la Defensoría, están expuestos a la prolongación de la confrontación que comenzó a recrudecerse en la subregión del Catatumbo durante 2025 y que ahora tiene efectos directos sobre la población civil en esta zona del departamento.
En Río de Oro, la advertencia cobija el casco urbano y corregimientos como El Salobre, El Gitano, Sanín Villa, Los Ángeles, Montecitos, El Marqués, Once Reses, Cruce de Patiño y Diego Hernández. En González, el riesgo fue advertido para la cabecera municipal.
Uno de los puntos más delicados del informe es que la Defensoría advierte una “fuerte gobernanza armada” sobre la población civil, expresada en controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas e imposición de normas de conducta. Ese tipo de prácticas, además de restringir la movilidad, aumentan el miedo entre comunidades campesinas, transportadores, comerciantes, líderes sociales, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores.
La entidad también incluyó entre los riesgos advertidos conductas como desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, desaparición forzada, masacres, amenazas, violencia basada en género, violencia sexual y contaminación por minas, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
La ATI 006 de 2026 busca activar una reacción rápida del Estado. La Defensoría formuló 14 recomendaciones urgentes a autoridades nacionales y territoriales para acelerar medidas de prevención, protección, justicia y atención humanitaria. Entre ellas, pidió al Ministerio del Interior tramitar de inmediato la alerta en la CIPRAT y asegurar respuestas rápidas para los municipios advertidos, incluidos Río de Oro y González.
También solicitó acciones de prevención frente al riesgo de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos, así como apoyo de gobernaciones, alcaldías y entidades de atención a víctimas ante una eventual materialización de nuevos hechos violentos o desplazamientos.
La lectura de fondo de esta alerta es que el sur del Cesar dejó de ser solo una zona vecina a la crisis del Catatumbo y pasó a ser parte del mapa de riesgo inmediato advertido por la Defensoría. El mensaje institucional apunta a que la respuesta no puede esperar a que ocurran nuevos hechos graves para actuar.