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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al docente Levith David Blanco Rangel. El organismo lo investigó por un caso de violencia sexual contra una estudiante menor de edad en Pueblo Bello, Cesar.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia. Blanco Rangel presentó un recurso de apelación, por lo que la sanción todavía no queda en firme.
Los hechos ocurrieron durante los Intercolegiados
La investigación ubica los hechos en agosto de 2024. En ese momento, estudiantes de la Institución Educativa Minas de Iracal participaban en los Juegos Intercolegiados Nacionales Supérate. Los docentes acompañaban a la delegación y debían proteger a los menores durante el viaje. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que Blanco Rangel incumplió sus obligaciones como educador.
El Ministerio Público calificó la conducta atribuida a Blanco Rangel como una falta gravísima cometida a título de dolo. De manera paralela al proceso disciplinario, el profesor enfrenta un juicio ante la justicia ordinaria por la presunta comisión de un delito sexual, cuya responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.
Otro profesor también fue sancionado
En el mismo fallo, la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico suspendió e inhabilitó por cinco meses al docente Raúl Pompeyo Villazón Áñez. Según el organismo de control, el profesor introdujo bebidas embriagantes al lugar donde se desarrollaban las competencias y trasladó a la estudiante hasta la cabaña en la que ocurrió la agresión.
La actuación de Villazón Áñez fue calificada como una falta grave cometida a título de dolo. A diferencia de Blanco Rangel, este docente no presentó un recurso de apelación contra la sanción impuesta por la Procuraduría.
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La sanción aún puede ser revisada
El recurso presentado por Blanco Rangel permitirá que una segunda instancia revise la decisión disciplinaria. Por esta razón, la destitución y la inhabilidad general por 12 años no se encuentran ejecutoriadas mientras se resuelve la apelación correspondiente.
El proceso penal continuará de forma independiente al disciplinario. En consecuencia, la sanción administrativa no representa por sí sola una condena penal y serán los jueces quienes establezcan si existe responsabilidad por el delito investigado.