Si a usted todavía le quedaban dudas de que en Colombia la justicia a veces se vende al mejor postor, el desenlace del infame ‘Cartel de la Toga’ es la prueba reina. La reciente condena a más de 10 años de prisión contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, no solo sacudió los cimientos del país, sino que abrió viejas heridas. Y uno de los primeros en poner el dedo en la llaga fue el exsenador cesarense Álvaro Araújo Castro.
Para entender la rabia y el calibre de las declaraciones de Araújo, hay que hacer memoria. Mientras Leonidas Bustos posaba de juez implacable y cobraba millonadas por engavetar o manipular expedientes de políticos corruptos, también fue pieza clave en las condenas de otros. A Araújo le tocó la peor parte en 2010, cuando fue sentenciado a más de nueve años por el sonado escándalo de la parapolítica, justo en la época en la que el hoy condenado Bustos movía los hilos más oscuros dentro del alto tribunal.
¿Justicia tardía o un lastre que no se borra?
Apenas se conoció que la Corte Suprema emitió la orden de captura inmediata y pidió circular roja de Interpol para cazar a Bustos (quien huyó cobardemente a Canadá hace años), Araújo estalló en sus redes sociales. Fiel a su estilo, no se anduvo por las ramas y calificó al exmagistrado como el «principal violador de derechos humanos en Colombia» y líder de organizaciones criminales.
Pero la gran bomba de su pronunciamiento fue una pregunta que hoy retumba en los pasillos de la justicia: «¿Los que hemos sido víctimas de ese criminal que utilizó la dignidad de la rama judicial, que enlodó a la Corte Suprema de Justicia, seremos reparados o seguiremos cargando el lastre de la acción criminal del bandido Leonidas Bustos?».
El cinismo en su máxima expresión
Lo que resulta verdaderamente asqueroso de este capítulo, catalogado como la mancha más oscura de la justicia colombiana después de la toma del Palacio, es el nivel de descaro. Magistrados que debían ser el faro moral de la nación, terminaron convertidos en mercaderes de fallos judiciales, pidiendo sobornos de hasta 2.000 millones de pesos a congresistas investigados a cambio de decirles: «tranquilo, que yo le arreglo eso».
Hoy, la condena a Bustos a 123 meses de prisión por concierto para delinquir y cohecho propio parece un castigo minúsculo frente a la monumental destrucción institucional que provocó. El hombre que enviaba a otros a la cárcel hoy es un prófugo internacional.
Mientras las autoridades intentan traerlo arrastrado de vuelta a Colombia, la gran duda que deja sobre la mesa el exsenador Araújo es válida: ¿cuántos fallos, cuántas condenas y cuántas vidas políticas fueron destruidas por el capricho y la chequera de este cartel con toga? Amanecerá y veremos si la justicia colombiana tiene los pantalones para revisar el basurero que dejó Leonidas Bustos.