Cuando pensábamos que el caso de Kevin Arley Acosta no podía ser más doloroso, una nueva «bomba» explota en la cara de la opinión pública. Esta vez, el villano no es solo la demora en un trámite, sino la violación descarada de uno de los derechos más sagrados que tenemos todos: la privacidad.
En una denuncia que ha dejado fríos a abogados y médicos por igual, la familia del menor fallecido acusó formalmente a la Nueva EPS de haber entregado apartes de la historia clínica del niño directamente al despacho del presidente Gustavo Petro. ¿El objetivo? Al parecer, darle munición al mandatario para que pudiera defenderse públicamente de las críticas, usando la salud del niño como escudo político.
¿Por qué esto es gravísimo?
Para que nos entendamos: La historia clínica es sagrada. En Colombia, la ley es clarísima: lo que usted o su hijo le cuenten al médico, o lo que salga en sus exámenes, es secreto.
Nadie, absolutamente nadie —ni el vecino, ni el jefe, y mucho menos el Presidente de la República— tiene derecho a ver esos papeles sin su permiso escrito.
«La EPS no podía soltar esos documentos. Al hacerlo, rompieron el juramento de confidencialidad y violaron la Ley de Habeas Data. Es como si el banco publicara cuánto tiene usted en la cuenta para que todo el mundo opine«, me explicó un experto en derecho médico consultado para esta nota.
El antecedente que asusta a las EPS
Investigando a fondo, encontramos que esto no es un juego. La Superintendencia de Industria y Comercio ya ha impuesto multas millonarias por casos similares. Si se comprueba que Nueva EPS entregó la carpeta de Kevin a la Casa de Nariño sin una orden judicial y sin el «sí» de los padres, la entidad podría enfrentarse a sanciones que harían temblar sus finanzas.
Ética vs. Política: ¿Todo vale?
Lo que más indigna a la calle no es el artículo de la ley, sino la bajeza moral. Kevin ya no está para defenderse. Utilizar sus datos médicos —sus dolores, sus diagnósticos, sus últimos momentos— para ganar una discusión en Twitter o en una rueda de prensa, cruza una línea roja que ninguna democracia debería permitir.
La familia Acosta siente que su hijo ha sido vulnerado dos veces: primero por el sistema que no lo salvó, y ahora por la burocracia que vende su intimidad al poder.
Señores de la Nueva EPS y del Gobierno: Los pacientes no son expedientes públicos. Son seres humanos. Y la memoria de Kevin merece respeto, no ser la ficha de un ajedrez político.