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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el contrato de pasaportes en Colombia.
Fiscalía imputó cargos a José Antonio Salazar
Según el ente investigador, Salazar Ramírez deberá responder por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Durante la audiencia, el exfuncionario no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
El contrato de pasaportes supera los $559.000 millones
La investigación se concentra en el proceso contractual para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes en el país. Este contrato tenía vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Su valor supera los 559.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, el entonces secretario general habría expedido varias resoluciones el 26 de febrero de 2024, estas decisiones permitieron reactivar el proceso de contratación.
Las decisiones que están bajo investigación
Entre las actuaciones cuestionadas aparece la revocatoria del acto que había declarado desierta la licitación. También se investiga la negativa a un recurso de reposición presentado dentro del proceso.
Otra decisión revisada por las autoridades fue la finalización anticipada de una urgencia manifiesta, esa figura mantenía suspendido el trámite contractual. Para la Fiscalía, estas actuaciones habrían facilitado la adjudicación del contrato al único oferente que seguía en el proceso.
Fiscalía cuestiona sus funciones dentro de la Cancillería
El ente acusador sostiene que Salazar Ramírez habría actuado por fuera de sus funciones. Según la Fiscalía, su cargo estaba enfocado en labores administrativas y de coordinación institucional; por esa razón, el exfuncionario no tendría facultades para reabrir o adjudicar procesos contractuales que ya habían sido cerrados.
Investigan compra de predio en el Meta
La Fiscalía también señaló que Salazar Ramírez adquirió un predio rural en Puerto López, Meta. La compra se habría realizado durante el tiempo en que ocupó el cargo, entre agosto de 2022 y febrero de 2024, el inmueble tendría un valor cercano a los 950 millones de pesos.
No habría soportes financieros claros
De acuerdo con las investigaciones, no existen registros de créditos ni transferencias bancarias que expliquen el origen de los recursos. Tampoco se habrían encontrado otros soportes financieros suficientes para justificar la compra del predio, esta situación dio lugar al cargo por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público.
El proceso judicial continúa
El proceso judicial contra el exsecretario de Cancillería sigue en curso, las autoridades avanzan en la recopilación y evaluación de pruebas relacionadas con el contrato de pasaportes y la compra del inmueble.