El conflicto armado en el Cesar volvió al centro del debate nacional tras una audiencia histórica en la que antiguos comandantes del Bloque Caribe de las Farc-EP reconocieron su responsabilidad en secuestros y otros crímenes de lesa humanidad que marcaron a comunidades del departamento. El proceso, adelantado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abre un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad para cientos de víctimas en la región.
Durante la diligencia, el excomandante Abelardo Caicedo aceptó su papel como “partícipe determinante” en la ejecución de secuestros en el Caribe colombiano, incluyendo zonas del Cesar donde esta práctica se convirtió en una de las principales formas de control territorial.
El reconocimiento no solo tiene un peso judicial, sino también simbólico para el Cesar, donde durante años la violencia afectó la movilidad, la economía y la vida cotidiana de miles de familias. Según lo expuesto en la audiencia, gran parte de los retenes ilegales, conocidos como “pescas milagrosas”, se concentraron en corredores estratégicos del departamento como San Roque, Becerril, La Jagua de Ibirico y Codazzi.
En estos puntos, los grupos armados detenían vehículos, revisaban identidades y seleccionaban a sus víctimas, muchas veces sin importar su capacidad económica. Esta dinámica generó miedo generalizado, afectó la actividad ganadera y comercial y provocó desplazamientos en varias zonas del Cesar.
Además de Caicedo, en la audiencia comparecieron otros exmandos como Uriel Oviedo, Osmany Landero, Gilberto Giraldo y Luis Cuadras, quienes también ejercieron control sobre estructuras que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, desde donde se proyectaban acciones hacia municipios cesarenses.
La JEP ha señalado que estos excomandantes tenían poder de mando suficiente para ordenar, ejecutar y mantener la política de secuestro, lo que los convierte en responsables directos dentro de la estructura guerrillera. En total, el Bloque Caribe ha sido vinculado a cientos de casos en la región, dentro de una estrategia que combinaba financiación, control social y presión política.
Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue cuando Caicedo reconoció que el miedo fue utilizado como herramienta de dominio sobre la población civil. Admitió que, aunque en su momento justificaban sus acciones, hoy entienden el daño causado a las comunidades.
Para el Cesar, este proceso representa una oportunidad clave para avanzar en la reconstrucción de memoria histórica y en el reconocimiento de las víctimas que durante años sufrieron secuestros, extorsiones y restricciones en su movilidad. Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad han evidenciado cómo estas prácticas alteraron profundamente la vida social y económica del departamento.
La audiencia hace parte del Caso 01 de la JEP, que investiga la política de secuestro de las Farc-EP en todo el país. En este escenario, el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad serán determinantes para definir las sanciones que enfrentarán los comparecientes, en un proceso que prioriza la reparación a las víctimas.
En medio de este avance judicial, el Cesar vuelve a mirar su pasado reciente con el reto de no repetirlo. Lo que hoy se reconoce ante los tribunales es también una deuda histórica con las comunidades que vivieron bajo el miedo en las carreteras, los campos y los pueblos del departamento.
