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La Fiscalía General de la Nación creó un equipo especial para examinar 82 casos del gobierno Petro que el presidente Abelardo De La Espriella entregó este martes a los organismos de investigación y control. El expediente, denominado por el Ejecutivo “Libro de la Verdad”, contiene señalamientos sobre la UNGRD, contratación estatal, reforma agraria, ciencia y tecnología, Cancillería y otros sectores. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que cada caso deberá someterse a valoración técnica y jurídica antes de establecer responsabilidades.
El presidente Abelardo De La Espriella entregó personalmente el documento a la fiscal Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas.
El acto se realizó este martes 18 de agosto, fecha en la que Colombia conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, establecido por la Ley 668 de 2001. La presentación convierte en expedientes concretos uno de los anuncios que De La Espriella hizo desde su posesión. El pasado 7 de agosto, Noticias del Cesar informó que el mandatario prometió entregar a la Fiscalía la información recopilada sobre posibles hechos de corrupción.
Ahora esa documentación comienza su recorrido ante los organismos competentes.
82 casos de presunta corrupción: Fiscalía inicia revisión
La fiscal general anunció que conformará un grupo encargado de revisar la documentación entregada por el Ejecutivo. El equipo tendrá participación de la jefatura de fiscales delegados ante la Corte y de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Su primera misión será establecer qué elementos tienen relevancia penal y cuáles requieren nuevas pruebas.
Camargo dejó una advertencia fundamental: la entrega del informe no significa que las acusaciones estén demostradas. La Fiscalía deberá contrastar los documentos con elementos obtenidos legalmente. Además, las actuaciones deberán respetar la objetividad, la independencia, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Esa precisión marca la frontera entre la denuncia política y una eventual responsabilidad penal. El Gobierno habla de 82 casos documentados durante el proceso de empalme. Sin embargo, serán Fiscalía, Procuraduría y Contraloría las encargadas de definir qué ocurrió y quiénes podrían responder.
Restrepo: el informe cubre 22 sectores críticos
El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el denominado Libro de la Verdad surgió de aproximadamente dos meses de trabajo. Según explicó, participaron 1.256 voluntarios, equipos técnicos y un grupo élite anticorrupción. El ejercicio habría examinado 22 sectores considerados críticos.
Restrepo afirmó que la documentación tuvo un enfoque “técnico, riguroso y con enfoque forense”. Además, señaló que los hallazgos fueron organizados alrededor de nueve patrones. Entre ellos mencionó pérdida del rigor técnico, opacidad en la información, parálisis operativa y concentración contractual. También habló de riesgos fiscales y pérdida de capacidad operativa del Estado.
El vicepresidente sostuvo que los expedientes ya dieron origen a denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias. No obstante, esa caracterización corresponde al análisis realizado por el nuevo Gobierno. Los organismos de control deberán determinar si los elementos aportados confirman esos señalamientos.
UNGRD: las cifras que golpean en medio del terremoto
Uno de los capítulos que provoca mayor inquietud corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, aseguró que la UNGRD habría ejecutado apenas el 4,3 % de su presupuesto durante los cuatro años anteriores.
También afirmó que se giraron $856.000 millones sin declaratoria de urgencia manifiesta y que se habría perdido la trazabilidad de $1,38 billones. Son cifras presentadas por el actual Gobierno y deberán ser verificadas dentro de las investigaciones.
Sin embargo, su aparición en este momento resulta particularmente sensible. Colombia intenta superar las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Calderón relacionó directamente la situación financiera de la entidad con la emergencia. Según sostuvo, la UNGRD recibió graves limitaciones para enfrentar una tragedia de esta dimensión.
La emergencia ya obligó al presidente a concentrar parte de la coordinación nacional en esa entidad. Desde las primeras horas del desastre, Noticias del Cesar informó sobre el traslado de De La Espriella a Bogotá para liderar la respuesta desde la UNGRD. Además, el Gobierno calcula que la reconstrucción requerirá recursos extraordinarios. En su balance más reciente, De La Espriella advirtió que las pérdidas económicas causadas por el terremoto podrían superar los $30 billones.
Por eso, cada peso que haya quedado comprometido, inmovilizado o sin trazabilidad adquiere ahora una dimensión adicional.
Santa Marta, ciencia, tierras y contratos también aparecen
La UNGRD no es el único frente mencionado en la presentación. Calderón España señaló un proceso relacionado con las plantas desalinizadoras de Santa Marta, cuyo presupuesto supera los $786.000 millones. Ese proyecto sí tenía una alerta institucional previa. El 28 de julio, la Procuraduría solicitó suspender temporalmente el proceso contractual mientras revisaba aspectos jurídicos, técnicos y financieros.
La actuación preventiva no constituye una declaración de corrupción. Sin embargo, confirma que el contrato ya estaba bajo vigilancia antes de la entrega del nuevo informe. También fueron mencionados cerca de $900.000 millones destinados a convocatorias de ciencia, tecnología e innovación. Minciencias había anunciado oficialmente en marzo tres convocatorias por más de $900.000 millones.
El Gobierno también puso bajo la lupa recursos cercanos a $1 billón relacionados con compra de tierras para la reforma agraria. A ello se suman más de $612.000 millones asociados a Caminos Comunitarios para la Paz y un proceso cercano a $300.000 millones para servicios de ciberseguridad.
En todos estos casos deberá establecerse una diferencia esencial: un contrato cuestionado, suspendido o deficientemente ejecutado no representa automáticamente un delito.
La contratación estatal entra en el expediente
Otro señalamiento de alto impacto corresponde al número de contratos de prestación de servicios. El presidente De La Espriella habló de una supuesta “nómina paralela” de 900.000 contratos durante el Gobierno anterior.
La cifra forma parte de las acusaciones entregadas a las autoridades. Por ahora, debe presentarse como un señalamiento del Ejecutivo mientras los organismos correspondientes determinan su alcance y metodología. También fueron mencionados contratos de Cancillería y decisiones tomadas alrededor del período electoral.
En ese frente, las investigaciones tendrán que establecer si existieron irregularidades administrativas y, sobre todo, si alguna conducta produjo responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.
Colombia Mayor: hay una versión que contradice al nuevo Gobierno
Uno de los puntos exige especial cuidado. Restrepo incluyó entre los ejemplos el supuesto agotamiento anticipado de los recursos de Colombia Mayor; sin embargo, Prosperidad Social rechazó públicamente esa versión antes del cambio de Gobierno.
El 3 de agosto, la entidad afirmó que Colombia Mayor tenía recursos garantizados para toda la vigencia de 2026. Según su explicación, el programa contaba con una financiación total de $8,4 billones.
Por tanto, este punto presenta dos versiones claramente enfrentadas. El nuevo Gobierno deberá demostrar documentalmente su señalamiento. Al mismo tiempo, las autoridades podrán contrastarlo con las cuentas, convenios y fuentes de financiación reportadas por Prosperidad Social.
Ese contraste será determinante para establecer si existió un faltante real o una diferencia en la interpretación presupuestal.
Parte de las alertas venían del propio gobierno Petro
Otro elemento ayuda a dimensionar el caso sin convertir el informe del nuevo Gobierno en el punto de partida de todas las investigaciones. Antes de dejar el poder, el Departamento Nacional de Planeación había remitido información a la Fiscalía por posibles irregularidades en proyectos financiados con regalías.
El 6 de agosto, DNP informó sobre una posible pérdida cercana a $12 billones relacionada con 2.094 proyectos. Además, mencionó otras alertas detectadas durante sus labores de seguimiento. Eso significa que parte de los problemas relacionados con el uso de los recursos públicos ya estaba siendo investigada o reportada durante el propio Gobierno Petro.
El nuevo informe puede incorporar nuevos casos, documentación adicional o lecturas diferentes. Sin embargo, cada expediente tendrá que compararse con investigaciones existentes para evitar duplicidades y determinar responsabilidades concretas.
Del “Libro de la Verdad” a las pruebas
La entrega del denominado Libro de la Verdad abre una fase distinta. Hasta ahora, el Gobierno De La Espriella presenta los 82 casos del gobierno Petro como resultado de su revisión del Estado recibido. Desde este martes, las acusaciones entran al terreno de las pruebas.
Fiscalía deberá determinar si existen delitos. Procuraduría examinará posibles responsabilidades disciplinarias. Contraloría tendrá que establecer eventuales daños al patrimonio público.
El desafío también recae sobre el Gobierno. Si asegura que existen irregularidades documentadas, deberá aportar soportes que permitan reconstruir contratos, giros, decisiones y responsabilidades individuales. Las cifras son enormes, pero las cifras por sí solas no condenan a nadie.
El verdadero alcance del Libro de la Verdad dependerá ahora de lo que las autoridades logren demostrar y de cuánto dinero público pueda recuperarse si encuentran detrimentos. En medio de una emergencia nacional que exige miles de millones de pesos para reconstruir viviendas, hospitales, escuelas y vías, la discusión dejó de ser únicamente política. Ahora comienza la prueba judicial, fiscal y disciplinaria.