El cerco judicial se cierra irremediablemente sobre las altas esferas del poder. Lo que empezó como un escándalo aislado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha escalado hasta convertirse en un terremoto político y judicial que hoy tiene contra las cuerdas a dos de las figuras más pesadas del Gobierno Petro. Este martes, la Fiscalía General de la Nación dio un paso fulminante: radicó oficialmente el escrito de acusación contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
La decisión de la Fiscalía marca el punto de no retorno en el proceso. Ya no se trata de indagaciones preliminares ni de rumores de pasillo; las pruebas recaudadas por el ente investigador han sido consideradas lo suficientemente sólidas como para llamar a juicio a quienes, hasta hace muy poco, manejaban la chequera del Estado y la gobernabilidad del país.
El documento que sella su suerte ante la Corte
El encargado de asestar este golpe judicial fue Gabriel Fernando Sandoval Vargas, fiscal once delegado ante la Corte Suprema de Justicia. A través de un documento fechado este 7 de abril, Sandoval notificó al alto tribunal sobre el avance formal del trámite de juicio contra ambos exfuncionarios, quienes terminaron profundamente enredados en el entramado de corrupción que desangró los recursos destinados a las emergencias del país.
El panorama es especialmente sombrío para el exministro de Hacienda. La radicación de esta acusación llega como un baldado de agua fría, justo después de que un tribunal le negara recientemente una solicitud de libertad a Ricardo Bonilla, lo que significa que deberá enfrentar el peso de la ley desde la privación de su libertad. Por su parte, Luis Fernando Velasco, el otrora poderoso ministro de la política, ve su capital desplomarse al tener que responder por su presunta injerencia en la repartición de contratos y recursos de la UNGRD.
El golpe directo al corazón del gabinete
El caso de la UNGRD ha cruzado la línea de los mandos medios (como Olmedo López y Sneyder Pinilla) para instalarse directamente en el núcleo del Ejecutivo. La acusación formal contra los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior plantea interrogantes gravísimos sobre cómo se manejaban los acuerdos políticos y financieros de la Nación.
Las próximas semanas serán determinantes en la Corte Suprema de Justicia. El país está a la expectativa de si, ante la contundencia del escrito de acusación, Bonilla o Velasco decidirán prender el ventilador y buscar beneficios judiciales, o si se enfrentarán al estrado para defender su inocencia en lo que ya se consolida como el mayor escándalo de corrupción de la actual administración.