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La venta de 33 bienes del municipio de Valledupar por cerca de $31 millones quedó bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación.
La actuación surgió después de varias denuncias públicas sobre los valores utilizados en el proceso y las condiciones de adjudicación.
El proceso corresponde al SAEB-SGR-001-2026. Allí aparecen una excavadora, una motoniveladora, una retroexcavadora, un vibrocompactador, camionetas Toyota y Nissan y 15 motocicletas, entre otros activos.
El exconcejal de Valledupar Jhon Díaz Carpio aseguró que los bienes tenían un valor de referencia cercano a $3.072 millones. Sin embargo, afirmó que la operación terminó por aproximadamente $31 millones.
La cifra equivale a cerca del 1 % de ese valor de referencia. No obstante, estos datos hacen parte de la denuncia y las autoridades deberán verificarlos.
Toyota Prado por $2,5 millones genera polémica
Uno de los casos que más atención ha generado corresponde a una Toyota Prado TXL modelo 2013.
Según Díaz Carpio, el vehículo habría sido adjudicado por $2,5 millones.
El exconcejal aseguró que la guía de precios de Fasecolda ubicaría automotores similares en valores mucho más altos. También cuestionó el uso de un criterio relacionado con el valor de salvamento.
Además, señaló posibles inconsistencias en documentos, requisitos y condiciones de adjudicación.
Sin embargo, hasta ahora se trata de denuncias. Ninguna autoridad judicial ha determinado que existan irregularidades o responsabilidades penales.
Alcaldía defiende el procedimiento
El secretario General de Valledupar, Eudes José Orozco, respondió a los cuestionamientos y defendió la legalidad del proceso.
Según explicó, la Administración utilizó un avalúo certificado para definir el valor de los bienes.
La Alcaldía sostiene que varios vehículos y equipos presentaban deterioro y condiciones particulares de asegurabilidad. Por esa razón, habría aplicado una metodología diferente al valor comercial de un bien en funcionamiento.
La Administración también aseguró que el precio obtenido superó el valor base fijado dentro del procedimiento.
Por eso, el municipio considera que no resulta adecuado comparar directamente estos bienes con vehículos en condiciones normales de uso.
Las autoridades deberán contrastar esa explicación con los documentos y avalúos que respaldaron la operación.
Fiscalía abrió una verificación preliminar
La principal novedad es que la Fiscalía General de la Nación abrió una iniciativa investigativa para revisar la información conocida sobre la venta.
Esto no significa que exista una investigación penal formal contra funcionarios específicos.
Tampoco implica que la Fiscalía haya comprobado la comisión de algún delito.
En esta etapa, investigadores del CTI podrán revisar documentos, registros oficiales y la trazabilidad contractual.
El objetivo será establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una noticia criminal formal.
La revisión puede incluir los avalúos, los precios base, el procedimiento de adjudicación, la identificación de los bienes y los soportes contractuales.
Venta de bienes queda bajo la lupa
La controversia enfrenta dos posiciones.
Por un lado, los denunciantes cuestionan que bienes públicos hayan terminado adjudicados por valores que consideran demasiado bajos.
Por otro, la Alcaldía sostiene que los activos presentaban deterioro y que el proceso contó con respaldo técnico.
Ahora, los organismos competentes deberán revisar la documentación y establecer si el procedimiento cumplió la normativa.
Mientras eso ocurre, la venta de los 33 bienes municipales pasó del debate político y las redes sociales a una actuación preliminar de la Fiscalía.
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