La educación rural en el sur del Cesar comenzó a vivir un momento que las comunidades califican como histórico. Por primera vez, una delegación del Gobierno Nacional llegó hasta veredas y corregimientos apartados de esta zona del departamento para escuchar de manera directa las necesidades de la población y trazar compromisos orientados a garantizar el acceso al bachillerato en territorios donde durante años la presencia estatal fue prácticamente inexistente.
La jornada fue liderada por la viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, quien encabezó un encuentro territorial en el corregimiento de Carrizal, jurisdicción de Pelaya. Allí se reunieron líderes comunitarios de sectores rurales de municipios como La Gloria, Pailitas, Chimichagua, Curumaní y del propio corregimiento El Carrizal, en una mesa de trabajo enfocada en destrabar una deuda histórica con la educación campesina.
Durante el encuentro, el Gobierno reconoció que en estas zonas el derecho a la educación ha estado limitado por décadas, obligando a muchas familias a ver cómo sus hijos deben desplazarse a cabeceras municipales o abandonar sus estudios por falta de oferta educativa completa en sus comunidades. Según lo expuesto, hay sectores donde la población ha esperado más de 20 años para que los jóvenes puedan terminar el bachillerato sin salir de su territorio.
La viceministra aseguró que la prioridad es avanzar en una educación campesina entendida como un derecho fundamental, construida con participación de las propias comunidades. En ese sentido, la visita no solo tuvo un carácter simbólico, sino también operativo, al dejar activada una hoja de ruta para la gestión formal de peticiones y la articulación institucional necesaria para comenzar a responder a las necesidades identificadas.
Entre los principales compromisos trazados aparecen la ampliación de la oferta escolar hasta grado once, el fortalecimiento del talento humano docente, el mejoramiento de infraestructura educativa, la conectividad, la dotación escolar y la legalización de predios donde funcionan instituciones o sedes educativas rurales.
El encuentro también dejó conformados comités de seguimiento liderados por el equipo SIMES del Cesar, con el propósito de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar que el proceso avance con transparencia y continuidad.
Con esta presencia en el territorio, el Gobierno busca empezar a cerrar una brecha histórica en zonas rurales donde la falta de acceso pleno a la educación ha profundizado ciclos de exclusión. La apuesta, según se planteó, es convertir las escuelas del Cesar en territorios de paz y asegurar que la juventud campesina pueda avanzar en su formación sin tener que abandonar sus raíces ni sus comunidades.