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Una grave denuncia divulgada este domingo puso nuevamente al expresidente Gustavo Petro en el centro de la controversia nacional. Deicy Jiménez, una joven que asegura haber mantenido durante varios años una relación personal con el exmandatario, afirmó que habría recibido contratos con entidades públicas mientras sostenía encuentros íntimos con él. Las afirmaciones fueron reveladas por Semana en una entrevista realizada por la periodista Vicky Dávila. Jiménez sostiene que su caso no habría sido aislado y habla de la presunta existencia de decenas de mujeres que, según su versión, habrían obtenido contratos mientras mantenían algún tipo de relación con Petro.
Hasta el momento, estos señalamientos corresponden fundamentalmente al testimonio de la denunciante y al material entregado por ella al medio, por lo que deberán ser verificados por las autoridades competentes.
¿Qué denuncia Deicy Jiménez?
Jiménez relató que conoció personalmente a Gustavo Petro en 2019, cuando este era senador de la República. Según su versión, posteriormente se trasladó a Bogotá y comenzó a trabajar mediante contratos públicos. La joven aseguró que tuvo contratos vinculados al Congreso de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y posteriormente al Ministerio del Interior.
Semana informó que revisó documentos correspondientes a varias de esas vinculaciones contractuales; sin embargo, la existencia de los contratos no acredita por sí misma la acusación central formulada por Jiménez: que estos hubiesen sido gestionados como contraprestación por encuentros personales o sexuales. La determinación de esa relación causal requeriría una investigación administrativa, disciplinaria o penal.
Denunciante habla de entre 30 y 40 mujeres
Uno de los señalamientos más delicados del testimonio es la supuesta existencia de una red de mujeres vinculadas mediante contratos. Jiménez aseguró conocer entre 30 y 40 casos, mientras que días antes el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, según lo reseñado por Semana, había formulado en el Congreso señalamientos sobre 48 mujeres presuntamente vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios durante la anterior administración. Por ahora no está establecido judicialmente que ambos señalamientos correspondan a una misma estructura ni que haya existido efectivamente una red organizada para intercambiar contratos públicos por favores personales.
También hizo señalamientos relacionados con drogas
La denunciante fue todavía más lejos y aseguró que, cuando Petro ejercía como senador, habría comprado y transportado cocaína a solicitud de él. Según su relato, en una ocasión habría trasladado la sustancia hasta Bogotá y posteriormente se la habría entregado. Se trata de una acusación de particular gravedad que, hasta ahora, no cuenta con una decisión judicial que la respalde.
Jiménez entregó al medio fotografías, conversaciones y otros archivos que, según ella, documentarían parte de su relación con Petro. Semana informó que algunos de esos materiales no fueron publicados y que deberían ser entregados a las autoridades.
Contratos sí existen; el presunto intercambio debe probarse
Este punto resulta fundamental para interpretar correctamente la denuncia. De acuerdo con la publicación, Semana pudo verificar contratos de Jiménez en distintas entidades públicas. Lo que todavía debe establecer una investigación independiente es cómo obtuvo esas vinculaciones, quién intervino en los procesos contractuales y si existió realmente alguna contraprestación personal o sexual, como sostiene la denunciante. Una eventual investigación también tendría que determinar si los contratos cumplían una necesidad institucional, si Jiménez ejecutó efectivamente las obligaciones pactadas y si existieron recomendaciones o instrucciones provenientes de funcionarios públicos.
Un caso que podría llegar a los organismos de control
Jiménez pidió públicamente que las autoridades investiguen su relato. Los señalamientos podrían involucrar asuntos relacionados con contratación estatal, posible utilización indebida de recursos públicos y eventuales conductas penales o disciplinarias, dependiendo de lo que consiga demostrarse. Hasta la publicación de esta información, no existe una sentencia ni una decisión judicial que declare ciertos los señalamientos formulados por Jiménez contra Gustavo Petro.
Por esa razón, deben entenderse como acusaciones sujetas a investigación y al derecho de contradicción del exmandatario y de cualquier otra persona mencionada. La controversia apenas comienza y una de las principales preguntas será ahora si los documentos y conversaciones aportados por la denunciante permiten establecer una conexión verificable entre sus contratos y la relación que asegura haber sostenido con el entonces senador y posteriormente presidente de Colombia.
