El debate por el salario mínimo de 2026 acaba de entrar en terreno movedizo. El presidente Gustavo Petro anunció que acatará la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado, pero al mismo tiempo activó una serie de movimientos que anticipan días de alta tensión política.
La decisión del alto tribunal frena temporalmente el decreto que fijaba el aumento y obliga al Gobierno a expedir un decreto transitorio en máximo ocho días. No es una decisión definitiva, pero sí un golpe jurídico que reconfigura el tablero y pone bajo lupa una de las medidas económicas más sensibles del año.
Lejos de bajar el tono, el mandatario ordenó una reunión inmediata de concertación liderada por el ministro de Trabajo para revisar la cifra. También anunció encuentros con movimientos sociales, enviando un mensaje claro: la discusión no se quedará solo en los despachos.
Petro defendió el incremento y aseguró que, según estudios citados por su administración, el impacto del salario en el precio de algunos alimentos sería “marginal”. Además, puso sobre la mesa factores como tasas de interés, empleo, déficit fiscal y costo de vida, enmarcando el debate como una discusión de fondo sobre el modelo económico.
Sin embargo, la suspensión judicial introduce un choque institucional que podría escalar si el nuevo decreto no logra consenso. Mientras tanto, trabajadores y empresarios observan con expectativa —y preocupación— lo que pueda ocurrir en los próximos días.
El país entra ahora en una cuenta regresiva de ocho días que definirá no solo el valor del salario mínimo, sino también el tono de la relación entre el Gobierno y las altas cortes. En juego no está solo una cifra, sino el pulso político de un tema que toca el bolsillo de millones de colombianos.