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Luis Alonso Colmenares denunció amenazas mediante un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Una revisión de antecedentes revela que los mismos ocho nombres ya habían aparecido en un documento intimidatorio en 2021.
El nombre de Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre del fallecido estudiante Luis Andrés Colmenares, vuelve a ocupar la atención pública, esta vez por una denuncia que compromete su seguridad. El columnista de opinión, veedor ciudadano y docente universitario aseguró que fue declarado «objetivo militar» junto con otras siete personas en La Guajira, mediante un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La denuncia se conoció el viernes 9 de octubre de 2026, cuando Colmenares hizo público el documento y exigió garantías para su vida. Sin embargo, una revisión de los antecedentes periodísticos revela un elemento que merece especial atención: los mismos ocho nombres ya figuraban en amenazas denunciadas en octubre de 2021. Esta coincidencia abre interrogantes sobre el origen del documento que circula actualmente, su posible reutilización y la vigencia de los riesgos denunciados.
Una amenaza que Colmenares recibió al llegar a Riohacha
Según relató a Infobae Colombia, Colmenares acababa de aterrizar en Riohacha para cumplir compromisos académicos en la Universidad de La Guajira cuando encontró el panfleto en su teléfono celular. El documento utiliza el nombre y los símbolos de las AGC y anuncia acciones violentas contra personas a las que atribuye determinadas posiciones políticas.
En su publicación en X, el docente afirmó que había sido incluido como objetivo militar por ejercer actividades de crítica y opinión. También advirtió que sus compromisos universitarios lo obligan a realizar desplazamientos y cumplir horarios conocidos, circunstancia que, según explicó, aumenta su exposición ante una eventual agresión. Colmenares pidió medidas de protección inmediatas y solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a quienes elaboraron y difundieron las amenazas.
Los ocho nombres incluidos en el panfleto
El documento divulgado contiene una relación de ocho personas identificadas como objetivos de acciones violentas:
- José Arredondo.
- Juan Zambrano.
- Pedro Arteta.
- Federico Ocuña.
- Alejandro Mafla.
- Luis Colmenares.
- José Celedón.
- Yonairo Gómez.
Los nombres corresponden a la transcripción del documento difundido en 2026. En las publicaciones de 2021 aparecen algunas variantes ortográficas que deben contrastarse con las identidades de los afectados. El texto acusa a los señalados de promover determinadas actividades políticas y también utiliza expresiones intimidatorias contra periodistas y personas que participan en debates públicos. La autoría de las AGC no está confirmada. La utilización de sus emblemas no constituye por sí misma una prueba de que esa organización haya expedido el comunicado.
El antecedente de 2021 que vuelve a encender las alarmas
Una revisión de publicaciones de El Espectador, del 13 de octubre de 2021, y El Heraldo, del 15 de octubre de ese mismo año, permite establecer que los ocho nombres fueron mencionados entonces en un panfleto amenazante también atribuido al Clan del Golfo. En aquella ocasión, periodistas y líderes sociales denunciaron intimidaciones que relacionaban con sus actividades de opinión y denuncias sobre presuntas irregularidades en La Guajira.
El Heraldo informó que la Fiscalía y la Policía adelantaban investigaciones sobre el origen de las amenazas. También señaló que el Clan del Golfo había emitido un pronunciamiento negando su responsabilidad en el documento y rechazando que terceros utilizaran su nombre. El antecedente plantea una pregunta: ¿el panfleto divulgado en octubre de 2026 corresponde a una nueva amenaza o a la circulación de un documento que ya había aparecido cinco años atrás?
La coincidencia de los nombres está documentada, pero todavía no permite determinar si ambos documentos son idénticos ni establecer quién está detrás de su circulación actual. Tampoco elimina la necesidad de evaluar los riesgos que enfrentan las personas mencionadas.
Colmenares reclama garantías de seguridad
En su pronunciamiento, Luis Alonso Colmenares responsabilizó públicamente al gobernador de La Guajira, al alcalde de Riohacha y al comandante de la Policía departamental de cualquier atentado que pudiera sufrir. Se trata de una advertencia formulada por el propio afectado, no de una determinación judicial sobre responsabilidades de esas autoridades.
Colmenares también manifestó a Infobae que desconoce si el documento es auténtico. No obstante, considera que las intimidaciones podrían estar relacionadas con sus columnas y denuncias sobre asuntos públicos. El académico expresó, además, su desconcierto por las etiquetas ideológicas utilizadas contra las personas mencionadas. Su solicitud central es que el Estado investigue el origen de las amenazas y adopte medidas efectivas de protección.
El padre que sigue reclamando justicia por Luis Andrés
Luis Alonso Colmenares es ampliamente conocido por la búsqueda de esclarecimiento de la muerte de su hijo Luis Andrés Colmenares Escobar, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá. El caso dio lugar a una extensa investigación judicial y se convirtió en uno de los procesos de mayor atención mediática en Colombia.
Sin embargo, más allá de esa historia familiar, Luis Alonso ha mantenido una presencia pública propia como columnista, contador público, docente y veedor ciudadano, particularmente en debates relacionados con la administración y la transparencia institucional en La Guajira; de hecho, esta no es la primera ocasión en que denuncia intimidaciones. En octubre de 2021 también hizo públicos mensajes amenazantes que, según manifestó entonces, estaban relacionados con sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.
¿Qué respuestas faltan de las autoridades?
Hasta la información consultada este 10 de octubre, no se encontró una respuesta oficial específica que permita establecer la autenticidad del panfleto divulgado en 2026 ni confirmar nuevas medidas de protección para las ocho personas mencionadas. Persisten interrogantes sobre los resultados de las investigaciones adelantadas en 2021, las circunstancias en que reaparecieron los nombres y la existencia de amenazas adicionales.
El caso requiere una verificación de las autoridades judiciales y de los organismos responsables de evaluar el riesgo de los afectados. La prioridad es esclarecer el origen del documento y garantizar la seguridad de quienes aparecen señalados, independientemente de sus posiciones políticas, sus actividades periodísticas o sus diferencias con las administraciones públicas.
