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El Gobierno de Gustavo Petro entra en su última semana con varias obras pendientes en el Cesar. Aunque el departamento apareció 40 veces en el Plan Plurianual de Inversiones 2022-2026, varios de los proyectos estratégicos anunciados no alcanzaron una ejecución completa antes del cambio presidencial del 7 de agosto.
El balance muestra avances en programas sociales, entrega de tierras e intervenciones puntuales. Sin embargo, las principales deudas se concentran en infraestructura vial, agua potable, saneamiento, distritos de riego y proyectos destinados a transformar la economía minera del departamento.
Las dobles calzadas no se materializaron
Entre los compromisos más importantes figuraban las dobles calzadas Valledupar-San Roque-Curumaní y Valledupar-Cuestecitas-Maicao. El Gobierno incluyó ambos corredores en el Plan Plurianual de Inversiones como proyectos de integración entre el Cesar y La Guajira.
No obstante, las obras no se ejecutaron de forma integral. El balance regional indica que quedaron reducidas a pequeños tramos, mantenimientos o inversiones puntuales, sin alcanzar la transformación vial planteada al comienzo del mandato.
Estas carreteras resultan estratégicas para conectar a Valledupar con el centro y el sur del Cesar. También permitirían mejorar el transporte de pasajeros, productos agrícolas y mercancías hacia La Guajira y otros departamentos del Caribe.
La falta de una doble calzada completa mantiene problemas como los extensos tiempos de viaje, la congestión y los riesgos de accidentalidad. Además, limita la competitividad de los municipios ubicados a lo largo de estos corredores.
Hubo avances en el sur del Cesar
El Gobierno sí reactivó parte de la antigua Ruta del Sol II, ahora denominada Autopista del Río Grande. Esta intervención permitió adelantar trabajos en el corredor que comunica a Ocaña, Aguachica y Gamarra.
Ese eje conecta al sur del Cesar con Norte de Santander y con los puertos ubicados sobre el río Magdalena. Por esa razón, representa una vía importante para las actividades comerciales, agrícolas, ganaderas y logísticas de la región.
Sin embargo, el avance de este corredor no compensa la falta de ejecución de otras vías incluidas en la planeación inicial. El PPI también contempló proyectos como Cuatro Vientos-Chimichagua-El Banco, Río de Oro-Aguaclara-Gamarra y los kilómetros faltantes entre Codazzi y Cuatro Vientos.
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Besotes y los distritos de riego siguieron pendientes
Las deudas del Gobierno nacional no se limitaron a las carreteras. El balance regional también incluyó plantas de tratamiento de aguas residuales, distritos de riego y el embalse multipropósito de Besotes entre los proyectos estancados o sin materialización.
El embalse de Besotes ha sido presentado durante años como una solución para garantizar el abastecimiento de agua de Valledupar. Además, permitiría regular el recurso durante temporadas secas y apoyar actividades agrícolas.
Los distritos de riego también son fundamentales para fortalecer la producción rural. Sin una infraestructura adecuada, numerosos campesinos continúan dependiendo de las lluvias y enfrentan mayores pérdidas durante los periodos de sequía.
Por su parte, la falta de nuevas plantas de tratamiento mantiene desafíos relacionados con el saneamiento básico y la protección de las fuentes hídricas. Estos proyectos requerirán nuevas decisiones presupuestales y administrativas durante el próximo Gobierno.
La transformación de la zona minera quedó incompleta
Otra de las promesas fue impulsar una transición económica en los municipios dependientes de la minería de carbón. La estrategia debía beneficiar especialmente a Agustín Codazzi, Becerril, El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico.
No obstante, el denominado Distrito Minero no pasó de las fases de planeación durante buena parte del mandato. Tampoco avanzaron al ritmo esperado las inversiones destinadas a crear actividades productivas capaces de reemplazar gradualmente los ingresos generados por el carbón.
La falta de alternativas representa un riesgo para los municipios que dependen de las regalías, el empleo minero y los contratos relacionados con esa industria. Una reducción de la producción puede afectar los ingresos públicos, el comercio y las oportunidades laborales.
La entrega de tierras fue uno de los mayores avances
La reforma agraria dejó uno de los resultados más visibles del Gobierno Petro en el Cesar. La Agencia Nacional de Tierras adelantó procesos de compra, adjudicación y formalización para beneficiar a familias campesinas y víctimas del conflicto.
La entidad reportó durante 2025 la gestión de 18.000 hectáreas para el campesinado cesarense. También desarrolló entregas en municipios del centro y sur del departamento, entre ellos La Gloria y Chimichagua.
Sin embargo, entregar los predios constituye solo una parte del proceso. Las familias también necesitan vías, créditos, asistencia técnica, sistemas de riego y canales de comercialización para convertir esas tierras en proyectos productivos sostenibles.
Las obras pendientes pasan al próximo Gobierno
El cierre del mandato deja una agenda extensa para la nueva administración nacional. Las dobles calzadas, Besotes, las plantas de tratamiento y los distritos de riego seguirán dependiendo de estudios, licencias, recursos y acuerdos entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.
También será necesario revisar cuáles proyectos cuentan con financiación real y cuáles permanecen únicamente dentro de los documentos de planeación. Incluir una iniciativa en el Plan Plurianual no garantiza por sí solo su contratación ni su construcción.
El Cesar termina el Gobierno Petro con un balance mixto. La entrega de tierras y algunos avances viales muestran resultados concretos, pero las grandes obras prometidas no alcanzaron el nivel de ejecución esperado.
El reto para el nuevo Gobierno será definir cuáles proyectos continuará, qué recursos destinará y en qué plazos los ejecutará. Para el departamento, el cumplimiento de estas obras influirá directamente en la movilidad, el empleo, la producción agrícola, el suministro de agua y la competitividad regional.