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A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo y severo choque judicial. Un juez de la República le prohibió emitir pronunciamientos públicos sobre la actual contienda electoral. Como respuesta directa, el mandatario solicitó a su equipo jurídico emprender acciones legales inmediatas para tumbar la medida. Esta orden desata un intenso debate sobre los límites de la participación en política de los funcionarios públicos y el derecho a la libertad de expresión del jefe de Estado.
Un fallo en el momento más tenso
La decisión judicial llega en la recta final de unas elecciones altamente polarizadas. El fallo busca garantizar la neutralidad estricta del Gobierno Nacional frente a las diferentes campañas. Según el juez, las declaraciones del presidente podrían inclinar la balanza e influir indebidamente en los votantes. Por lo tanto, le ordenó guardar silencio absoluto sobre los comicios hasta que se cierren las urnas el próximo domingo.
La contraofensiva del Gobierno
Gustavo Petro no aceptó esta restricción de forma pasiva. El presidente considera que la medida cautelar vulnera sus derechos fundamentales y políticos. De inmediato, ordenó a sus abogados evaluar todas las herramientas jurídicas disponibles. El gran objetivo es apelar la decisión ante las altas cortes y revertir lo que su entorno califica abiertamente como una mordaza inconstitucional.
El equilibrio de poderes a prueba
Este nuevo episodio eleva aún más la temperatura política del país. La disputa legal pone a prueba la solidez institucional a solo horas del desenlace electoral. Mientras la oposición celebra el fallo judicial como una garantía esencial de transparencia, los simpatizantes del Gobierno lo interpretan como una persecución. El desenlace de esta batalla en los tribunales marcará definitivamente el clima de los últimos días de la campaña.