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La conciliación entre Verónica Alcocer y Eva Ferrer terminó sin acuerdo por una reclamación de $645 millones. La antigua asesora exige pagos por servicios, impuestos y otros gastos vinculados con la campaña presidencial de 2022. El caso podría pasar ahora a los juzgados civiles. La audiencia se realizó el pasado 14 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá. Fueron convocadas la ex primera dama, su antigua asesora y el empresario catalán Manel Grau; sin embargo, Alcocer compareció mediante un apoderado que no aceptó la conciliación, mientras Grau había anticipado que no participaría en el trámite.
Eva Ferrer estuvo representada por la abogada María Soledad Morales. Tras fracasar el arreglo directo, su defensa considera agotada esta etapa y evalúa presentar una demanda civil. En ese escenario, un juez deberá establecer si existieron los acuerdos señalados, qué servicios fueron prestados y si hay dinero pendiente de pago.
¿Qué reclama Eva Ferrer?
Ferrer sostiene que trabajó para Verónica Alcocer entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022. Sus labores habrían incluido estrategia de comunicación, posicionamiento público, manejo de medios, organización de agenda y acompañamiento en viajes. De acuerdo con su versión, prestó servicios durante once meses, pero solo recibió el pago de siete; por ello, reclama cuatro mensualidades correspondientes al periodo comprendido entre junio y septiembre de 2022. También incluyó impuestos, gastos relacionados con vivienda e intereses.
Un documento elaborado en julio de 2024 calculó las obligaciones en $663.068.267. No obstante, la abogada de Ferrer explicó posteriormente que la reclamación presentada en la conciliación ascendía a unos $645 millones. La diferencia entre ambas cifras requiere precisión. Los documentos también mencionaban un supuesto préstamo de $350 millones para cubrir una obligación relacionada con la posesión presidencial de Gustavo Petro; sin embargo, la defensa de Ferrer afirmó que ese monto no forma parte del cobro llevado a conciliación.
Por ahora, ningún juez ha reconocido la existencia de la obligación. En consecuencia, los $645 millones corresponden a una reclamación de Ferrer que Alcocer podrá controvertir dentro de un eventual proceso civil.
Dos historias conectadas y jurídicamente distintas
La conciliación entre Verónica Alcocer y Eva Ferrer está vinculada al deterioro de una relación que comenzó durante la campaña presidencial de 2022; no obstante, el cobro económico debe diferenciarse de las acusaciones sobre posibles actos de corrupción divulgadas posteriormente. Ferrer, consultora nacida en España y nacionalizada colombiana, ingresó al círculo más cercano de Alcocer durante la campaña. En septiembre de 2022 fue nombrada consejera presidencial para la Niñez. Después, en enero de 2023, asumió como consejera presidencial para la Reconciliación.
La relación entre ambas terminó en 2023. Ferrer aseguró que recibió presiones para abandonar su cargo. También afirmó que Manel Grau acudió a su residencia para pedirle la renuncia y advertirle sobre posibles afectaciones a su reputación y a sus proyectos. Según documentos revelados por Semana, Ferrer comunicó esos hechos a Gustavo Petro mediante una carta privada fechada a finales de octubre de 2023. Sin embargo, las supuestas presiones tampoco han sido acreditadas mediante una decisión judicial.
Los audios que abrieron otro frente
El conflicto tomó una dimensión política en agosto de 2026. En ese momento fueron divulgadas unas grabaciones atribuidas a Ferrer, en las cuales formuló graves señalamientos contra Alcocer y varias personas de su entorno. En esos registros se habla de una supuesta entrega de dos millones de euros durante la campaña presidencial. Ferrer aseguró que el dinero habría sido proporcionado por Manel Grau a Alcocer. Además, mencionó presuntos testaferros, cobros por reuniones, bolsas con dinero y pagos para operaciones digitales.
También se refirió a una supuesta influencia de Alcocer en entidades públicas como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian. Sin embargo, posteriormente introdujo una aclaración relevante: manifestó que parte de esas versiones provenía de información suministrada por otras personas y que ella no había participado directamente en tales hechos; por tanto, el contenido de los audios no constituye una prueba definitiva de responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades verificar su autenticidad, contexto y posible respaldo documental.
Alcocer negó los señalamientos
Verónica Alcocer rechazó las acusaciones mediante una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Aseguró que las afirmaciones carecen de sustento y no corresponden a la realidad: asimismo, señaló que nunca autorizó a terceros para solicitar favores, gestionar asuntos u ofrecer compromisos en su nombre. También pidió evaluar los posibles intereses personales o económicos de quienes formularon las acusaciones.
Alcocer manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de la justicia; sin embargo, no respondió individualmente a cada episodio descrito en las grabaciones. Noticias del Cesar informó anteriormente que la ex primera dama rechazó los señalamientos y ofreció colaborar con la Fiscalía.
¿Qué investiga la Fiscalía?
Después de conocerse los audios, la Fiscalía abrió una indagación para establecer si las afirmaciones tienen respaldo. El caso quedó bajo revisión de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La entidad deberá determinar si hubo recursos públicos comprometidos, financiación irregular, influencia indebida en contratos o nombramientos y otras conductas con relevancia penal. También tendrá que establecer quiénes intervinieron en los hechos, si estos realmente ocurrieron.
No obstante, una respuesta entregada por la Fiscalía a la defensa de Alcocer señaló que, con corte al 6 de agosto, ella no figuraba como indiciada o sindicada en los sistemas de información. La existencia de una indagación sobre los audios no equivale a una imputación ni a una declaración de responsabilidad. Así, la controversia avanza por dos caminos diferentes; por un lado, Ferrer podrá acudir a los jueces civiles para reclamar los $645 millones; por otro, la Fiscalía continuará verificando unos señalamientos que Alcocer niega y que todavía no han sido demostrados judicialmente.
