Escribenos Aquí
Curumaní, La Jagua de Ibirico y Tamalameque registraron un aumento en su nivel de riesgo por violencia electoral durante los primeros meses de 2026. Así lo muestran las actualizaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE), que también reflejan reducciones en las clasificaciones de San Diego, Pelaya y La Paz.
Los cambios aparecen en el informe publicado por la organización el 29 de mayo, con información hasta el 30 de abril de 2026. El documento identificó 20 de los 25 municipios del Cesar con algún nivel de riesgo por violencia, uno más que en febrero.
De ese total, tres quedaron clasificados en riesgo extremo, ocho en alto y nueve en medio. El panorama constituye un antecedente para las elecciones regionales de 2027, aunque todavía no representa una evaluación definitiva de esos comicios.
La MOE comenzó oficialmente su observación del próximo proceso electoral el 21 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, el seguimiento a las condiciones de seguridad y participación política cobra especial relevancia.
Los municipios donde aumentó el riesgo
Curumaní y La Jagua de Ibirico pasaron de riesgo medio a alto entre las mediciones de febrero y abril. Tamalameque, que inicialmente no aparecía clasificado con riesgo, ingresó al mapa en nivel medio.
La variación no fue igual en todo el departamento. San Diego descendió de riesgo alto a medio, mientras que Pelaya y La Paz pasaron de extremo a alto.
Estas reducciones corresponden al indicador de la MOE. No significan que hayan desaparecido las amenazas contra las comunidades ni que otras entidades hayan retirado sus advertencias.
De hecho, una ficha de la Unidad para las Víctimas sobre La Gloria y Pelaya recoge conclusiones de seguimiento de la Defensoría que advierten una tendencia al agravamiento de sus condiciones de seguridad. El documento señala un cumplimiento parcial de recomendaciones y dificultades en la coordinación institucional.
Las mediciones tienen metodologías y periodos distintos. Por eso, la reducción de una categoría electoral no puede interpretarse automáticamente como una superación del riesgo humanitario.
Valledupar también requiere atención. La capital del Cesar permaneció clasificada en riesgo extremo por factores de violencia en la actualización de abril de 2026.
Las alertas van más allá del sur del Cesar
La Defensoría del Pueblo ha identificado riesgos en varias zonas del departamento mediante documentos distintos.
En diciembre de 2025 emitió la Alerta Temprana 020, que incluyó cinco municipios del Cesar: Valledupar, Bosconia, El Copey, El Paso y Pueblo Bello.
La entidad advirtió sobre las pretensiones de expansión del Ejército Gaitanista de Colombia y su confrontación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El documento también señaló riesgos de amenazas, homicidios, desplazamientos y restricciones a la movilidad. Para atender el escenario, la Defensoría formuló 38 recomendaciones a las autoridades.
La advertencia resulta relevante porque comprende tanto zonas rurales como municipios conectados con corredores estratégicos de la Sierra Nevada y el centro del departamento.
En Chiriguaná, la Alerta Temprana 009 de julio de 2025 identificó riesgos asociados al ELN, al Ejército Gaitanista de Colombia, a una facción disidente de las FARC y a organizaciones delictivas.
La Defensoría delimitó la advertencia al casco urbano y a los corregimientos de Poponte, Rinconhondo, La Aurora y La Sierra. También formuló 31 recomendaciones para proteger a la población.
La entidad había tenido conocimiento de al menos 20 homicidios en Chiriguaná entre febrero de 2023 y enero de 2025. Esa cifra corresponde al periodo examinado en la alerta y no constituye un balance electoral de 2026.
Por otra parte, la Alerta 005 de marzo de 2025 identificó riesgos en La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego. La preocupación se centró en las comunidades campesinas y las personas en proceso de reincorporación.
El documento advirtió sobre una posible extensión de las confrontaciones del Catatumbo hacia la Serranía del Perijá.
Las presiones contra liderazgos y comunidades
En su Informe de Seguimiento 003 de febrero de 2026, la Defensoría analizó las dificultades para participar en política en las circunscripciones especiales de paz.
El documento señaló que en Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y Pueblo Bello persistían presiones indirectas y amenazas selectivas.
Estas situaciones afectaban especialmente la participación política abierta de las víctimas. El temor a represalias también podía limitar reuniones comunitarias, actividades de campaña y expresiones públicas de apoyo.
La situación del sur presenta características diferentes. Allí, la Defensoría advirtió sobre controles armados en Río de Oro, González, Aguachica, Gamarra, San Martín, La Gloria y San Alberto.
El seguimiento documentó retenes ilegales y presencia de hombres armados en zonas rurales y sectores cercanos a las cabeceras municipales.
La entidad aclaró que, durante el periodo examinado, no había registrado hechos concretos de violencia política directamente relacionados con la contienda electoral en esa macrorregión. Sin embargo, advirtió que el control armado podía afectar la libertad de participación de los habitantes.
En marzo de 2026, la Defensoría emitió otra alerta de inminencia para Río de Oro y González. Allí precisó amenazas contra comunidades y liderazgos en sectores específicos del territorio.
Puede leer: Defensoría pone la lupa sobre el sur del Cesar y advierte riesgo inminente para comunidades de Río de Oro y González.
¿Qué han hecho las autoridades?
El 6 de septiembre de 2026, la Gobernación del Cesar informó sobre una reunión del Consejo de Seguridad Regional en la Base Militar Ricaurte, en Aguachica.
Participaron autoridades de siete municipios cesarenses: San Alberto, Río de Oro, Aguachica, Gamarra, González, San Martín y La Gloria. También asistieron representantes de municipios de Bolívar y Norte de Santander.
La jornada hizo parte del trabajo del Puesto de Mando Unificado permanente para atender la situación de seguridad regional.
No obstante, ese encuentro no equivale a la puesta en marcha de un plan específico de protección electoral para 2027.
La Defensoría ha solicitado medidas de prevención, protección de liderazgos, investigación de amenazas y atención humanitaria. También ha recomendado fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales.
Para los próximos comicios queda por precisar qué municipios tendrán medidas especiales, cuántos candidatos y líderes necesitarán protección y cómo se garantizará el acceso seguro a los puestos de votación rurales.
La información de la MOE identifica 20 municipios con riesgo por violencia en 2026, pero el cuadro departamental consultado no presenta su relación nominal completa. Esa identificación, junto con las medidas concretas previstas para 2027, continúa siendo necesaria para establecer el alcance territorial de la respuesta institucional.
