Si usted es de los que se preguntaba por qué en nuestra región a veces es tan difícil sacar adelante una gran obra, pavimentar una vía o hacer una inversión sin enredarse en años de papeleo, hoy le tengo una noticia que cambia por completo las reglas del juego. El Consejo de Estado acaba de darle un mazazo al famoso y polémico Decreto 1500 de 2018, firmado a las carreras en los últimos días del gobierno de Juan Manuel Santos.
Este documento fue el que redefinía la famosa «Línea Negra», un gigantesco territorio sagrado entregado a los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque en el discurso sonaba a protección ancestral, en la práctica se había convertido en un candado absoluto para el progreso en los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira.
¿Por qué la justicia le metió reversa?
Para explicárselo sin tanto enredo de abogados: el Consejo de Estado encontró que ese decreto se hizo a patadas. Los magistrados determinaron que, al momento de firmarlo, el Gobierno ni siquiera tenía un mapa cartográfico oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para saber por dónde diablos pasaba esa línea. Literalmente, estaban delimitando a ciegas.
Pero la chambonada no para ahí. Resulta que al trazar esa enorme frontera invisible, pasaron por encima de otras minorías. El fallo dice clarito que se violó el derecho a la consulta previa de los indígenas wayúu, de los chimilas y hasta de los consejos comunitarios de poblaciones negras. ¡Por proteger a unos cuantos, pasaron por encima de los otros!
Un respiro para la inversión y el cemento
Para que usted dimensione el tamaño del problema que teníamos encima: bajo ese decreto, si alguien quería hacer un proyecto de infraestructura grande, tender redes eléctricas o construir viviendas en buena parte de nuestras ciudades, tenía la obligación de hacer un proceso de consulta previa con las autoridades tradicionales.
Gremios como la Andi, el sector petrolero, la minería y hasta la asociación de ciudades capitales (Asocapitales) llevaban años pegando el grito en el cielo por este tema. Tener que concertar cada obra grande tenía espantada la inversión. Hoy, todos esos sectores respiran aliviados porque la caída del decreto significa destrabar millones en desarrollo, empleo y obras que nuestra región pide a gritos.
La perla política del día
Y como en este país la política siempre es un circo, escuche esta tremenda paradoja: ¿Sabe quién fue el abogado que demandó este decreto en 2019 y logró tumbarlo? Un señor llamado Yefferson Mauricio Dueñas. ¿Y adivine dónde trabaja hoy? ¡Es nada más y nada menos que el actual viceministro de Justicia en el Gobierno de Gustavo Petro!.
Así como lo oye. Mientras el presidente Petro da discursos internacionales sobre proteger a los indígenas y el medio ambiente, es uno de sus propios altos funcionarios el que le metió la estocada final a la Línea Negra. Cosas de nuestra macondiana realidad.
En resumen: la Sierra Nevada se respeta, pero el Estado recupera el control sobre su territorio. Las puertas para la inversión vuelven a abrirse y esperemos que esta vez, sin tantas trabas, la plática sí se vea en las calles.