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El modelo de pasaportes de Petro sufrió un fuerte revés judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente dos instrumentos que sustentan su operación, tras encontrar cronogramas incumplidos, informes contradictorios y falta de soportes verificables; sin embargo, la decisión ordena garantizar que la expedición de pasaportes continúe sin interrupciones. La medida cautelar fue adoptada dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades. El expediente, identificado con el número 25000234100020250163300, quedó bajo la conducción del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.
Tribunal cuestionó la planeación del modelo de pasaportes
La providencia suspendió la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el contrato CI-005 de 2026 y los instrumentos derivados de ambos. El primero fue celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional para implementar el suministro, personalización, custodia y entrega de las libretas. El convenio estableció que la Imprenta Nacional ejecutaría el nuevo esquema y podría seleccionar aliados para determinadas fases. Aunque su vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2034, el documento inicial no incorporó recursos. En cambio, indicó que las apropiaciones presupuestales se realizarían mediante contratos posteriores.
Al estudiar el expediente, el Tribunal encontró una “sucesión de cronogramas incumplidos” y versiones institucionales que no coincidían entre sí. Además, advirtió la ausencia de pruebas verificables sobre la infraestructura disponible, el personal vinculado y el avance efectivo de la operación. La providencia también señaló que no estaba acreditado el cumplimiento de determinados requisitos presupuestales. Para el despacho, esos elementos mostraban una “planeación improvisada cuyo estado real de ejecución no puede tenerse por establecido”.
Fallo advierte riesgo de paralización
El Tribunal consideró que la incertidumbre no era una posibilidad remota. Según el auto, la situación documentada podía comprometer el suministro de libretas y exponer a los usuarios a una eventual paralización del servicio; por esa razón, suspendió temporalmente los convenios mientras las entidades demuestran la capacidad real del esquema; no obstante, ordenó adoptar de inmediato las medidas administrativas, presupuestales, contractuales, tecnológicas y logísticas necesarias para mantener la expedición.
En consecuencia, los ciudadanos pueden continuar solicitando sus pasaportes. La medida no autoriza el cierre de oficinas ni la cancelación de citas. Tampoco permite limitar el acceso al documento durante el tiempo que permanezca vigente la suspensión.
Portugal deberá explicar la cadena de producción
La Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal tendrán 20 días hábiles, contados desde la notificación, para entregar un informe conjunto al Tribunal. Las entidades deberán identificar las actividades ejecutadas, las fases implementadas y los compromisos materializados. Asimismo, tendrán que presentar un cronograma actualizado y aportar documentos que permitan comprobar el estado real del nuevo modelo.
El despacho exigió revelar todos los centros utilizados para fabricar las libretas. También pidió identificar a contratistas, subcontratistas y terceros que intervengan en la producción, el transporte, el almacenamiento, la custodia, la personalización, la distribución y la entrega. Además, el informe deberá establecer qué actividades ejecuta directamente la Casa de la Moneda de Portugal y cuáles fueron encargadas a terceros. El Tribunal solicitó los mecanismos de trazabilidad, los controles de supervisión y los protocolos aplicados sobre materiales sensibles.
La participación de Francia quedó bajo la lupa
El esquema había sido presentado por el Gobierno Petro como una alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. La Cancillería anunció en febrero de 2026 que las libretas serían fabricadas inicialmente en Portugal y personalizadas en Colombia; posteriormente surgieron cuestionamientos por la intervención de la empresa francesa IN Groupe en la cadena de fabricación. Aunque Francia no aparece mencionada expresamente en las órdenes finales del auto, el Tribunal sí exigió aclarar si el proceso involucra solamente a entidades públicas internacionales o también a empresas particulares.
La suspensión permanecerá vigente hasta que las entidades acrediten cuatro aspectos: la ejecución real del modelo, la existencia y ubicación de las libretas, la seguridad de los lugares de almacenamiento y personalización, y el alcance de la participación de terceros.
Melquisedec Torres: “Lo advertí desde el primer día”
El abogado, periodista independiente y analista contractual Melquisedec Torres sostuvo que la decisión confirma las alertas que venía formulando sobre el convenio con Portugal y la participación francesa. A su juicio, el Gobierno Petro cometió graves irregularidades al estructurar el nuevo sistema; no obstante, jurídicamente, la medida todavía no equivale a una sentencia definitiva. El propio Tribunal precisó que la cautela no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la legalidad, no declara la validez o invalidez de los instrumentos y tiene carácter preventivo, temporal y reversible.
Antes de la decisión judicial, la Cancillería había asegurado que el proceso avanzaba sin retrasos. Esa versión quedó ahora confrontada con las inconsistencias y los incumplimientos identificados por el Tribunal. El nuevo modelo también había recibido alertas de la Contraloría por su financiación y por la gestión de las importaciones. Ahora las entidades deberán aportar pruebas suficientes, objetivas y verificables antes de que pueda levantarse la suspensión provisional.
