Después de casi tres décadas, la justicia volvió a poner la mirada sobre un crimen ocurrido en el Cesar y confirmó que la muerte de Diovanys José Caamaño Rojas no fue producto de un combate, sino de una ejecución extrajudicial por la que el Estado deberá responder.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar, que en segunda instancia ratificó la responsabilidad estatal por los hechos ocurridos el 28 de agosto de 1997 en el municipio de Curumaní, donde el joven de 24 años fue asesinado por integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 2 ‘Guajiros’.
Aunque en su momento el caso fue presentado por el Ejército como un enfrentamiento con miembros del ELN, el fallo concluyó que se trató de un montaje para hacer pasar a civiles como supuestos enemigos abatidos en combate, en lo que hoy se reconoce como una grave violación a los derechos humanos.
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es que no solo establece la falla en el servicio, sino que también reivindica la búsqueda de verdad de la familia, que durante años enfrentó una versión oficial que, según la defensa, encubrió lo ocurrido y prolongó la revictimización de sus allegados.
El abogado Javier Villegas Posada, representante judicial de la familia, sostuvo que la decisión deja en claro que a Caamaño Rojas no lo mató la guerra, sino agentes del propio Estado, que luego intentaron ocultar lo sucedido bajo un relato falso.
La providencia también marca un precedente frente al tiempo para reclamar justicia en este tipo de casos. El Tribunal reconoció que, tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, el conteo del término para demandar debe iniciar desde el momento en que las víctimas conocen realmente la participación del Estado y no necesariamente desde la fecha en que ocurrió el crimen.
Además de las indemnizaciones económicas, la sentencia ordena medidas de reparación integral, entre ellas un acto público de disculpas por parte del Ejército Nacional y la publicación de un reconocimiento oficial de responsabilidad, en un intento por restablecer la dignidad de la víctima y de su familia.
El fallo representa así un paso importante en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para los allegados de Diovanys José Caamaño Rojas, en un caso que vuelve a recordar las heridas que dejaron los llamados falsos positivos en el país.