Una misa en Valledupar volvió a recordar que, más de dos décadas después del crimen, aún no se conoce el paradero de los restos de los siete investigadores asesinados y desaparecidos.
La historia de los siete agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asesinados y desaparecidos en el Cesar sigue siendo una herida abierta para sus familias. Este 10 de marzo, cuando se cumplen 26 años de su desaparición, el dolor volvió a sentirse en Valledupar durante una misa en su memoria, pero también volvió a hacerse visible una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde están sus restos?
El acto religioso se realizó en el patio de la sede del CTI de la Fiscalía en Valledupar, en un espacio de recogimiento al que asistieron familiares, funcionarios judiciales y representantes de la Fiscalía, quienes acompañaron una jornada marcada por el recuerdo, la ausencia y la esperanza persistente de encontrar algún día a los investigadores para poder darles una sepultura digna.
A lo largo de estos 26 años, los allegados de los siete funcionarios han tenido que convivir con una doble carga: el asesinato de sus seres queridos y la incertidumbre de no saber qué ocurrió finalmente con sus cuerpos.
Durante la ceremonia fueron recordados Carlos Augusto Ibarra, Danilo Javier Carrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Linares Correa, Israel Alberto Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle, nombres que siguen presentes en la memoria de sus familias y en la historia judicial del departamento.
Más allá del paso del tiempo, sus seres queridos mantienen viva la esperanza de conocer la verdad completa y de recuperar los restos para cerrar un ciclo de dolor que sigue inconcluso.
De acuerdo con lo que se ha conocido sobre este hecho, el crimen fue atribuido y reconocido por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente por el Bloque Norte.
Los investigadores habían salido aquel 9 de marzo de 2000 desde Codazzi y Valledupar con el objetivo de realizar la exhumación del cuerpo de Alcides Tiburcio Rivera Palencia, un vendedor de paletas asesinado y desaparecido por las AUC. Su destino era la Hacienda Holanda, ubicada entre Minguillo, en jurisdicción de La Paz, y la trocha de Verdecia, en zona de Codazzi.
Sin embargo, desde entonces no se volvió a saber de ellos.
Aunque por este caso han existido procesos judiciales y condenas, entre ellas la de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, señalado como quien ordenó la masacre, el punto más doloroso sigue intacto: los restos óseos de los siete agentes no han aparecido.
Fuentes judiciales citadas en el caso han sostenido que entre exintegrantes de las AUC habría existido un pacto de silencio sobre la forma en que fueron asesinados y el destino final de los cuerpos, una situación que ha impedido a las familias acceder a una verdad plena.
Ese vacío mantiene este episodio no solo como uno de los crímenes más dolorosos para la institucionalidad en el Cesar, sino también como una muestra de las heridas que todavía deja la desaparición forzada en Colombia.
La misa realizada en Valledupar no fue solo un acto simbólico. También representó una forma de insistir en que el caso no puede quedar sepultado por el tiempo.
Cada aniversario devuelve el reclamo de justicia y verdad de unas familias que todavía esperan una respuesta definitiva. En esa espera, la memoria se ha convertido en la manera de seguir nombrando a quienes un día salieron a cumplir una labor judicial y nunca regresaron.