ESPECIAL | TERCERA ENTREGA DE CUATRO

La vulnerabilidad sísmica en Valledupar no puede determinarse mirando un edificio desde la calle ni preguntando solamente si tiene licencia. Tampoco basta con saber que la ciudad está clasificada en una zona de amenaza sísmica baja. Después del terremoto del 10 de agosto, una nueva pregunta surge de las entrevistas realizadas por Noticias del Cesar: ¿qué sabemos realmente sobre la capacidad de las edificaciones existentes para soportar un movimiento fuerte?

Ese terremoto fue inicialmente reportado por este medio cuando el movimiento se sintió en Valledupar y posteriormente el Servicio Geológico Colombiano actualizó su magnitud a 7,4. La emergencia dejó daños en diferentes regiones, obligó a revisar infraestructura y recordó que el comportamiento de cada edificio depende tanto del sismo como de la manera en que fue diseñado, construido, modificado y mantenido. Así fue el primer reporte del sismo sentido en Valledupar El SGC actualizó posteriormente la magnitud hasta 7,4

La pregunta no nació de cero. En la primera entrega de esta investigación, Noticias del Cesar reconstruyó parte de la historia sísmica del territorio y examinó la Falla Río Seco. Luego, la segunda entrega puso la lupa sobre licencias, construcción formal e informal y control urbano. Ahora el foco cambia: lo que Valledupar ya tiene construido.

Vulnerabilidad sísmica en Valledupar: viejo no significa inseguro, pero tampoco seguro

Nancio Galván Barros, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, planteó durante su entrevista un problema que afecta a cualquier ciudad que ha crecido durante varias décadas. Las edificaciones no fueron construidas todas bajo la misma norma. “Una persona que quiere saber cómo está el estado de su edificación puede recurrir a los ingenieros para efectos de que se le evalúe y determinar el estado de vulnerabilidad sísmica”, explicó.

Su planteamiento coincide con la ingeniería colombiana. El capítulo A.10 de la NSR-10 está dedicado, precisamente, a la evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la actual versión del reglamento. Para hacerlo, el ingeniero debe estudiar información del diseño original, cimentación, proceso constructivo, modificaciones posteriores, mantenimiento y estado actual de la estructura.

Por eso, ninguna conclusión responsable puede partir únicamente de la edad. Una casa de 40 años no es automáticamente peligrosa. De igual manera, un edificio que nunca ha presentado grietas tampoco puede declararse seguro frente a un terremoto solamente porque hasta hoy permanece en pie.

Valledupar ha crecido bajo al menos tres generaciones de normas

Aquí conviene hacer una precisión histórica a una de las afirmaciones de Galván. Durante la entrevista, señaló que construcciones de “50 o 30 años”, seguramente, no cumplen la norma porque esta no existía. El punto general es válido: el año de construcción importa; sin embargo, no toda edificación de 30 años fue levantada antes de que Colombia tuviera reglamentación sísmica.

El terremoto de Popayán del 31 de marzo de 1983 aceleró la adopción de la primera normativa nacional obligatoria. Al año siguiente, entró en escena el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes de 1984. En 1998 apareció la NSR-98 y, posteriormente, el Decreto 926 de 2010 adoptó la NSR-10, hoy vigente con modificaciones posteriores.

Por tanto, una edificación levantada antes de 1984 sí antecede a la primera regulación nacional obligatoria. En cambio, una construida en 1996 pudo haber sido diseñada bajo el código de 1984. Otra construida en 2005 pudo corresponder a la NSR-98. Las más recientes deben responder a la NSR-10 y sus modificaciones.

Eso tampoco significa que una norma anterior convierta automáticamente una estructura en insegura. Significa que fue concebida con requisitos, conocimientos y tecnologías de otra época; incluso, el Ministerio de Vivienda señala actualmente que la Comisión Asesora Permanente trabaja en una nueva actualización de la NSR-10 para incorporar avances de la ingeniería sísmica. Las normas también evolucionan porque el conocimiento técnico evoluciona.

Haber construido así durante años no demuestra que una estructura sea segura

Aryanna Zuleta Oñate, curadora urbana número 2 de Valledupar, dejó durante su entrevista una declaración que no habíamos desarrollado en las entregas anteriores. Según explicó, la rigurosidad con la que la Curaduría exige el cumplimiento de las normas ha producido diferencias con algunos profesionales.

Hay ingenieros, contó, que apelan a su experiencia y dicen: “Como yo he venido construyendo y funciona”, pero para Zuleta eso no es suficiente. “Tenemos que tener en cuenta que hay unas normas nacionales y hay que cumplirlas”, sostuvo.

Desde la ingeniería sísmica, la observación tiene fundamento. Que un inmueble haya permanecido estable durante 20 o 30 años no demuestra cómo responderá ante las fuerzas de un movimiento sísmico de diseño. El reglamento colombiano parte justamente de escenarios que no tienen que haberse presentado durante la vida previa de la edificación; además, la NSR-10 establece objetivos distintos según la intensidad del movimiento: ante un sismo fuerte pueden presentarse daños estructurales y no estructurales, pero el objetivo fundamental es evitar el colapso.

Ese punto permite desmontar otro malentendido frecuente. Sismorresistente no quiere decir indestructible.

Una edificación que cumple la NSR-10 también puede sufrir daños

La propia NSR-10 es explícita. Una edificación diseñada conforme al reglamento debe soportar movimientos pequeños sin daño; movimientos moderados sin daño estructural, aunque pueden afectarse elementos no estructurales; y un sismo fuerte puede producir daños tanto estructurales como no estructurales, pero sin llegar al colapso esperado bajo las condiciones de diseño.

Esta distinción coincide con la práctica internacional. En Estados Unidos, FEMA advierte que los códigos modernos buscan fundamentalmente mejorar la seguridad y reducir el riesgo de colapso. Sin embargo, los edificios existentes pueden haber sido construidos bajo códigos anteriores y no necesariamente satisfacen los niveles de desempeño exigidos a una edificación nueva; por esa razón, existen programas específicos de evaluación y reforzamiento.

La American Society of Civil Engineers también trabaja con distintos objetivos de desempeño; entre ellos, aparecen la protección de la vida ante terremotos poco frecuentes y, para determinados edificios, objetivos superiores relacionados con la continuidad de funcionamiento; es decir, lo que plantea la ingeniería colombiana no es excepcional. Forma parte de una lógica internacional: evaluar la vulnerabilidad, determinar el desempeño esperado y reforzar cuando sea necesario.

¿Entonces quién verifica que el edificio se construyó como fue diseñado?

Esta fue, precisamente, la pregunta que quedó abierta en la segunda entrega. La nueva entrevista con Robin Ortiz, inspector urbano de Policía en Valledupar, permite avanzar en la respuesta. Ortiz explicó que los inspectores ejercen control sobre las actividades constructivas y verifican la existencia de licencias. También contrastan la obra con aquello que fue autorizado.

“Verificamos lo que le aprobó la Curaduría, los planos y las resoluciones aprobadas, con la finalidad de verificar que se cumpla exactamente con lo que le autorizó esta dependencia”, explicó. La Ley 1801 respalda la competencia de los inspectores sobre comportamientos contrarios a las normas en materia de urbanismo.

Sin embargo, eso no convierte al inspector en ingeniero estructural. La propia regulación ha exigido tradicionalmente formación jurídica para varias categorías de estos cargos. Ortiz lo reconoce directamente. “A nosotros como inspectores nos queda difícil entrar a verificar esa circunstancia especial”, respondió cuando Noticias del Cesar le preguntó si podía comprobar técnicamente el cumplimiento de la sismorresistencia.

El inspector admite una limitación que cambia la pregunta

Ortiz explica que cuando los inspectores llegan a una construcción, muchas veces la obra ya está avanzada. “No tendríamos cómo entrar a verificar si ellos están cumpliendo o no con esa normatividad de sismorresistencia”, señaló.

Cuando se le preguntó quién lo hace, respondió inicialmente: “Yo diría que debería verificarlo la Curaduría”; sin embargo, esa respuesta requiere una precisión jurídica importante. La Curaduría revisa los diseños antes de otorgar la licencia. No obstante, el sistema colombiano sí contempla mecanismos adicionales para verificar la ejecución estructural durante la construcción, especialmente en proyectos de determinada dimensión.

Y allí aparece una figura que cambia parte del debate: el supervisor técnico independiente.

Las obras grandes sí tienen un vigilante estructural independiente

La Ley 1796 de 2016 reforzó el esquema colombiano después de varias discusiones nacionales sobre seguridad de las edificaciones. Para proyectos que alcancen o superen 2.000 metros cuadrados de área construida, con las excepciones previstas por la propia regulación, se exige supervisión técnica independiente; además, la revisión estructural debe ser realizada por un profesional distinto e independiente del diseñador en los casos definidos por la ley.

Ese supervisor no se limita a mirar documentos en una oficina. Al terminar la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales correspondientes, debe expedir un Certificado Técnico de Ocupación. Allí certifica que la construcción se ejecutó de acuerdo con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas aprobadas en la licencia.

Además, las actas de supervisión y el certificado deben enviarse a las autoridades municipales encargadas del control urbano y son documentos de conocimiento público. Esto significa que la preocupación expresada por Ortiz es real, pero no puede extenderse de la misma manera a todos los proyectos.

En las edificaciones que legalmente requieren supervisión independiente existe un profesional especializado cuya función es, precisamente, verificar la ejecución técnica.

¿Y qué pasa con las construcciones más pequeñas?

Aquí aparece una diferencia crucial para la vulnerabilidad sísmica en Valledupar. Cuando una edificación está exenta de supervisión técnica independiente, la Ley 1796 establece que el constructor debe realizar los controles mínimos de calidad necesarios para garantizar que la obra corresponda con los planos y diseños aprobados; además, durante la ejecución debe contar con la participación del diseñador estructural y del ingeniero geotecnista para resolver consultas técnicas.

También existe la Autorización de Ocupación de Inmuebles para obras que no requieren supervisión técnica independiente. El Ministerio de Vivienda explica que esta figura corresponde al control urbano mediante el cual la autoridad certifica que la obra se ejecutó conforme a la licencia. Es distinta del Certificado Técnico de Ocupación que expide el supervisor independiente.

Sin embargo, persiste una dificultad práctica. Cuando una vivienda pequeña se construye informalmente, amplía pisos sin licencia o modifica su estructura posteriormente, puede quedar por fuera de varias de esas puertas de control. Ese es, justamente, el sector sobre el cual Hernán Felipe Araújo, gerente de Camacol Cesar, había encendido las alarmas.

La informalidad sigue siendo el punto más difícil

Araújo fue enfático durante las entrevistas de esta serie: Camacol puede responder por las empresas del sector formal que representa, pero no por la construcción realizada al margen de ese circuito. La observación cobra mayor importancia después de revisar la legislación.

El sistema legal colombiano distribuye tareas entre diseñadores, constructores, revisores, supervisores, curadurías y autoridades municipales, pero ese sistema funciona mejor cuando la obra entra desde el comienzo por el camino formal.

Cuando no existe licencia, cuando se construye primero y se busca reconocimiento después o cuando una vivienda sufre modificaciones sin acompañamiento técnico, reconstruir su historia estructural resulta más complejo; por eso, una licencia de reconocimiento no equivale por sí sola a afirmar que todo lo construido originalmente cumplió con las normas.

La legislación permite imponer obligaciones de adecuación y reforzamiento estructural cuando corresponda; además, Minvivienda define el reforzamiento como la intervención destinada a llevar un inmueble a niveles adecuados de seguridad sismorresistente.

Planeación aclara qué revisa y qué no revisa

Laura Vanessa Garrido Torres, jefa de la Oficina Asesora de Planeación de Valledupar, introduce otra precisión importante. Según explicó, Planeación acompaña técnicamente el control urbano, pero su inspección de campo se concentra en el cumplimiento de las normas urbanísticas y del Plan de Ordenamiento Territorial.

“Verificamos usos de suelo, índices de ocupación, índices de construcción, alturas máximas permitidas”, señaló; luego, Planeación produce un informe técnico que sirve de soporte al inspector para tomar decisiones. Garrido insiste, además, en delimitar responsabilidades.

“Planeación no suspende obras, no convoca audiencias, no sanciona, no multa. Insisto, el papel es netamente técnico”, explicó. También aseguró que las curadurías envían mensualmente copias de sus actos administrativos y que la Oficina realiza visitas periódicas a determinados desarrollos.

Control urbanístico y responsabilidad estructural no son lo mismo

Aquí aparece posiblemente la precisión más importante de la entrevista con Garrido. “El municipio no quiere desligarse de su tarea de vigilancia y control”, sostuvo; sin embargo, agregó que ese control no debe confundirse con la responsabilidad sismorresistente o estructural.

En eso, la ley le da parcialmente la razón. El diseñador estructural responde por sus cálculos y planos; no obstante, la responsabilidad jurídica no termina allí. La Ley 400 y la Ley 1796 también asignan deberes al constructor, al director de construcción, al revisor de diseños y, cuando aplica, al supervisor técnico independiente.

Por eso, sería incorrecto reducir toda la responsabilidad de una edificación al ingeniero calculista. La seguridad estructural funciona como una cadena. El diseño debe ser correcto, la construcción debe respetarlo, los materiales deben cumplir especificaciones y la supervisión debe verificar aquello que la ley le encomienda. Una falla en cualquiera de esos eslabones puede modificar el resultado.

¿Cómo puede saber un ciudadano si su casa es vulnerable?

La respuesta más responsable es menos sencilla de lo que parece. No puede saberlo con certeza solamente mirando paredes, columnas o grietas. La NSR-10 establece un procedimiento para evaluar estructuras existentes. Primero se recopila información sobre el diseño geotécnico y estructural original. Después se estudian las modificaciones. También se revisan el mantenimiento, la calidad de la construcción y el estado de la estructura. A partir de allí, se realizan los análisis necesarios.

El criterio coincide con prácticas internacionales. FEMA señala que las inspecciones visuales rápidas sirven para identificar posibles edificios problemáticos, pero una evaluación específica de vulnerabilidad requiere un análisis de ingeniería más detallado; por eso, una grieta no significa automáticamente que una casa vaya a colapsar. Tampoco la ausencia de grietas certifica resistencia sísmica. La vulnerabilidad se calcula; no se adivina.

Colombia, incluso, utiliza herramientas nacidas de la ingeniería internacional

Existe otro dato poco conocido. El capítulo A.10 de la NSR-10 permite recurrir, bajo determinadas condiciones, a metodologías internacionales para la rehabilitación de edificaciones existentes. Entre las referencias aparecen documentos de FEMA, Applied Technology Council y versiones de la norma ASCE/SEI 41.

Actualmente, ASCE/SEI 41 sigue siendo una de las referencias internacionales para la evaluación y reforzamiento sísmico de edificios existentes. FEMA también la señala como herramienta utilizada para programas de rehabilitación de inmuebles vulnerables. Esto permite hacer una comparación importante.

El problema que enfrenta Valledupar no es distinto del que enfrentan ciudades de numerosos países: edificios construidos bajo diferentes generaciones de normas, estructuras antiguas, intervenciones posteriores y necesidad de priorizar qué debe evaluarse primero.

Los edificios esenciales cambian completamente la discusión

Aquí, Nancio Galván dejó uno de los planteamientos más importantes de todas las entrevistas. El ingeniero recordó que hospitales, clínicas, estaciones de bomberos y otras estructuras relacionadas con la emergencia reciben un tratamiento especial. Y es cierto.

La NSR-10 clasifica como Grupo IV —edificaciones indispensables— a hospitales, clínicas y centros de salud que cuentan, entre otros servicios, con cirugía, cuidados intensivos, neonatos o urgencias. También incluye instalaciones relacionadas con líneas vitales. Esas estructuras deben poder operar durante y después del sismo.

Las estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policía, centros de atención de emergencias, escuelas, colegios y universidades aparecen dentro del Grupo III de atención a la comunidad, con requisitos superiores a los de una edificación ordinaria. Galván lo resumió en términos coloquiales durante la entrevista: esas edificaciones “no se pueden caer”. Técnicamente, la norma es más precisa.

Ni siquiera un hospital tiene una garantía absoluta contra todo terremoto

La ingeniería no trabaja con promesas de invulnerabilidad absoluta. La NSR-10 establece para las edificaciones indispensables un nivel superior de desempeño. Frente a movimientos comparables con los definidos para diseño, se busca que el daño no sea tan severo que impida su operación y ocupación inmediata y continuada.

Por tanto, la idea de Galván apunta correctamente hacia la importancia especial de esas estructuras, pero la expresión “bajo ninguna circunstancia” no debe interpretarse literalmente. Ninguna norma seria puede garantizar que un inmueble sobreviva sin daño frente a cualquier terremoto imaginable.

Lo mismo ocurre internacionalmente. La reducción del colapso, la protección de la vida y, para instalaciones críticas, la continuidad operativa son objetivos diferenciados de la ingeniería sísmica.

Galván hace una acusación delicada sobre edificios públicos

El presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar fue mucho más lejos. “Uno de los mayores desconocedores de la norma es el propio Estado”, afirmó. Galván aseguró que ha participado o conocido estudios sobre edificaciones estatales que requieren reforzamiento estructural. También sostuvo que algunas entidades han actuado y otras no le han dado suficiente importancia.

Sin embargo, no entregó nombres de los inmuebles durante la entrevista; por eso, Noticias del Cesar no puede afirmar todavía que un hospital, colegio, estación de bomberos o edificio público específico de Valledupar incumpla la NSR-10.

Además, existe una precisión jurídica relevante. La Ley 400 estableció plazos obligatorios para evaluar y reforzar edificaciones indispensables y de atención a la comunidad existentes, pero el artículo 54 dirigió, específicamente, esa obligación a inmuebles ubicados en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Valledupar está clasificada en amenaza baja.

Por tanto, no sería correcto utilizar solamente esa norma para concluir que una edificación pública de Valledupar está incumpliendo una obligación de reforzamiento. Cada caso requerirá revisar su edad, uso, licencias, intervenciones, estudios disponibles y régimen jurídico aplicable.

Y ese será, precisamente, el siguiente paso de esta investigación.

En el mundo, los edificios existentes son uno de los grandes problemas

El dilema no es exclusivamente colombiano. FEMA advierte que los códigos modernos normalmente no tienen efecto retroactivo sobre todo el parque construido; por eso, un edificio antiguo puede cumplir la norma vigente cuando fue construido y, al mismo tiempo, no satisfacer los niveles actuales exigidos a una construcción nueva.

Frente a esa realidad, distintos países desarrollan programas de evaluación y reforzamiento, especialmente para inmuebles críticos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha insistido en que los gobiernos deben combinar códigos de construcción efectivos con reforzamiento de infraestructuras críticas, especialmente escuelas, hospitales y redes vitales.

La conclusión internacional coincide con lo que esta serie empieza a encontrar en Valledupar: el desafío no termina al aprobar los edificios nuevos; también consiste en conocer y reducir la vulnerabilidad de los que ya existen.

La pregunta ya no es solamente quién controla

La segunda entrega preguntó quién controla la construcción sismorresistente en Valledupar. Las nuevas entrevistas permiten responder una parte.

Curaduría revisa los proyectos. Los profesionales responden por sus diseños. El constructor debe respetarlos. En obras sujetas a supervisión técnica independiente existe un profesional encargado de verificar la ejecución estructural. Planeación acompaña el control urbano desde su competencia técnica. Los inspectores conocen las infracciones urbanísticas y adoptan las medidas que correspondan.

Pero aparece una pregunta diferente. ¿Qué ocurre con todo aquello que ya estaba construido antes de esos controles, con lo que fue modificado posteriormente o con lo que nunca pasó por el circuito formal?

Allí comienza realmente la vulnerabilidad sísmica en Valledupar. Y también aparece el interrogante más delicado de toda la serie: ¿sabemos cómo responderían ante un terremoto los edificios que la ciudad necesitaría inmediatamente después de la emergencia? Hospitales. Clínicas. Bomberos. Policía. Centros de emergencia. Colegios. Redes vitales.

Hasta ahora, esta investigación no ha encontrado un inventario público que permita afirmar cuáles de esas estructuras han sido evaluadas, cuáles cuentan con estudios recientes de vulnerabilidad y cuáles han requerido reforzamiento. Ese vacío será el objetivo de la última entrega.

Valledupar está clasificada en una zona de amenaza sísmica baja. Sin embargo, la amenaza pertenece al territorio; la vulnerabilidad pertenece, en buena medida, a lo que hemos construido sobre él. Y conocerla antes de que vuelva a temblar puede ser tan importante como saber evacuar cuando ya está temblando.

En la cuarta y última entrega: Noticias del Cesar buscará establecer qué se sabe sobre hospitales, organismos de emergencia, instituciones educativas y otras edificaciones esenciales de Valledupar. La pregunta será concreta: ¿están preparados los edificios que no pueden dejar de funcionar cuando ocurra un desastre?