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Diecisiete exmilitares colombianos que permanecían presos en Haití desde 2021 fueron trasladados este domingo a Estados Unidos para enfrentar a la justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Con ellos viajó Joseph Félix Badio, uno de los sospechosos haitianos considerados centrales en la investigación. La operación abre un nuevo capítulo de un expediente que durante cinco años avanzó a velocidades muy distintas en Puerto Príncipe y Miami.
Un avión militar sacó este domingo 20 de septiembre de Haití a 18 personas relacionadas con la investigación del magnicidio de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, confirmó que los detenidos serían llevados ante tribunales estadounidenses. El funcionario no divulgó inicialmente los nombres de los trasladados. Sin embargo, el diario haitiano Le Nouvelliste, citando una fuente gubernamental, informó que el grupo está integrado por 17 colombianos y Joseph Félix Badio. El medio señaló que el Gobierno haitiano autorizó la entrega a solicitud de las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos de extradición entre ambos países.
La precisión resulta importante porque las primeras informaciones difundidas en Colombia hablaron de 18 exmilitares colombianos. Los datos conocidos desde Haití indican que son 17 colombianos y un ciudadano haitiano.
17 exmilitares colombianos llevaban cinco años detenidos
Los colombianos permanecían privados de la libertad en Haití desde los días posteriores al asesinato de Moïse. Sin embargo, después de más de cinco años, su proceso no había desembocado en un juicio definitivo. En 2025, una corte de apelaciones haitiana anuló una acusación que involucraba a 51 personas y ordenó comenzar una nueva investigación. Entre los señalados aparecían Martine Moïse, viuda del mandatario; el ex primer ministro Claude Joseph y el antiguo jefe de la Policía Nacional Léon Charles. Pese a reiniciar el expediente, el tribunal dispuso que los 17 exmilitares colombianos continuaran encarcelados.
La decisión evidenció una de las grandes diferencias entre los dos expedientes abiertos por el magnicidio. Mientras el proceso haitiano sufría aplazamientos, cambios de jueces y dificultades derivadas de la crisis institucional y de seguridad, la investigación estadounidense siguió avanzando.
Ahora ambos caminos comienzan a converger.
Estados Unidos ya ha condenado a implicados
Reding Quiñones informó este domingo que 30 personas han sido acusadas en Estados Unidos por su presunta participación en la conspiración. Según el fiscal, el traslado de los 18 detenidos constituye una nueva fase del proceso. El caso de Miami ya produjo resultados judiciales antes de la llegada de este nuevo grupo. El pasado 8 de mayo, un jurado federal declaró culpables a Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por distintos delitos relacionados con la conspiración para derrocar y finalmente asesinar al presidente haitiano. Los cuatro pueden enfrentar penas de hasta cadena perpetua.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, ocho integrantes de la conspiración ya se habían declarado culpables y seis de ellos declararon durante el juicio. Entre quienes recibieron condena anteriormente está Rodolphe Jaar, sentenciado a cadena perpetua en 2023 tras admitir su participación en los hechos previos al asesinato. La justicia estadounidense había recibido detenidos desde Haití desde mucho antes. En enero de 2023 fueron trasladados, entre otros, el colombiano Germán Alejandro Rivera García y los haitiano-estadounidenses James Solages y Joseph Vincent.
Miami fue una pieza central de la conspiración
La jurisdicción de Estados Unidos no responde únicamente a que ciudadanos o residentes de ese país aparezcan dentro del expediente. Según el Departamento de Justicia, el sur de Florida sirvió como centro para parte de la planificación, financiación y logística de la operación que terminó con la muerte de Moïse. La Fiscalía federal sostiene que empresarios y otros participantes pretendían reemplazar al mandatario haitiano por una figura favorable a sus intereses y obtener posteriormente contratos gubernamentales.
En ese entramado aparecen Antonio Intriago y Arcangel Pretel Ortiz, vinculados a la compañía de seguridad CTU. La evidencia presentada durante el juicio de 2026 mostró que los organizadores reclutaron aliados en Estados Unidos, Haití y Colombia, entre ellos 22 antiguos integrantes del Ejército colombiano. El Departamento de Justicia también estableció que desde Miami salieron chalecos antibalas, radios, linternas y otros equipos que fueron enviados a Haití semanas antes del ataque.
Un plan que habría cambiado sobre la marcha
Uno de los aspectos más complejos del expediente consiste en determinar qué conocía cada participante y en qué momento. Cuando el colombiano Mario Antonio Palacios fue acusado en Estados Unidos, el Departamento de Justicia señaló que el plan originalmente estaba relacionado con una supuesta operación para secuestrar o detener a Moïse, pero posteriormente se transformó en una conspiración para matarlo.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el 6 de julio de 2021, horas antes del magnicidio, varios conspiradores se reunieron cerca de la residencia presidencial. Allí, según la acusación, fueron distribuidas armas y se comunicó que la misión sería matar al presidente. Ese punto resulta esencial frente a los colombianos recién trasladados. Su responsabilidad tendrá que establecerse individualmente en el proceso estadounidense y las acusaciones no equivalen por sí mismas a una condena.
Las familias, por su parte, han sostenido durante años otra versión: aseguran que los militares retirados viajaron después de aceptar una oferta laboral de seguridad y que posteriormente fueron involucrados en una operación distinta a aquella para la cual habían sido contratados.
¿Quién es Joseph Félix Badio?
El único haitiano que, según Le Nouvelliste, integra el grupo trasladado junto con los 17 colombianos es Joseph Félix Badio. Badio trabajó para instituciones del Estado haitiano y formó parte de una unidad anticorrupción. Con el avance de la investigación se convirtió en uno de los sospechosos relevantes del caso y permaneció prófugo durante más de dos años antes de ser capturado. AP lo identifica entre las figuras importantes que seguían detenidas en Haití por el magnicidio.
Su traslado junto con los colombianos le da un alcance adicional a la operación de este domingo: Estados Unidos no recibe únicamente a miembros del componente extranjero del grupo armado, sino también a un hombre vinculado al entorno institucional haitiano investigado alrededor de la conspiración.
Las familias habían pedido sacarlos de Haití hace solo 16 días
El traslado ocurre, además, apenas 16 días después de una petición pública de las familias de los colombianos al Gobierno nacional. El 4 de septiembre, sus familiares enviaron una carta al presidente Abelardo De La Espriella, al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al canciller Omar Bula. En ella pidieron activar mecanismos diplomáticos y jurídicos para sacar a los detenidos de Haití debido al tiempo transcurrido sin que fueran juzgados.
La solicitud proponía estudiar alternativas como extradición, deportación humanitaria, traslado de procesados o incluso expulsión hacia Colombia. La intención de las familias era que regresaran al país y pudieran afrontar un proceso con garantías. Finalmente salieron de Haití, pero no rumbo a Colombia. Estados Unidos asumirá ahora el procesamiento.
La madrugada que puso a Colombia en el centro del caso
Jovenel Moïse fue asesinado durante la madrugada del 7 de julio de 2021 dentro de su residencia privada en Puerto Príncipe. Su esposa, Martine Moïse, también recibió disparos y sobrevivió. Las primeras investigaciones identificaron rápidamente la presencia de antiguos militares colombianos dentro del grupo que participó en la operación. Desde entonces, Colombia quedó ligada a uno de los magnicidios que mayor conmoción ha causado en América Latina y el Caribe durante los últimos años.
Sin embargo, la investigación estadounidense ha mostrado que la trama no se limitaba a quienes llegaron armados hasta la vivienda presidencial. La Fiscalía federal sostiene que detrás existía una red de financiadores, empresarios, intermediarios, ciudadanos haitianos, personas residentes en Estados Unidos y militares retirados colombianos, articulados alrededor de distintos intereses políticos y económicos.
Incluso, apareció dinero proveniente de otro delito. En julio de este año, Keegan Harricharan fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero. Las autoridades probaron que cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de programas estadounidenses de ayuda por la pandemia fueron lavados y que parte de esos recursos ayudó a financiar la conspiración relacionada con Moïse.
Cinco años después, el expediente sigue abierto
La llegada de los 18 detenidos a Estados Unidos no significa el final del caso. El fiscal Reding Quiñones aseguró que las autoridades continuarán siguiendo la evidencia hacia las personas que hayan financiado, facilitado o participado en la operación. El FBI también informó que las acciones de este domingo forman parte de un esfuerzo internacional más amplio; además, todavía existen personas investigadas que no han comparecido ante los tribunales estadounidenses. AP reportó este domingo que algunos sospechosos relevantes continúan prófugos.
Para los 17 exmilitares colombianos, en cambio, comienza una etapa completamente distinta. Después de permanecer cinco años en cárceles haitianas sin que el proceso local llegara a juicio, ahora deberán responder ante un sistema judicial que ya ha producido confesiones, condenas y un juicio contra otros involucrados. Y esa es precisamente la dimensión de la noticia: el expediente que permaneció estancado durante años en Haití acaba de trasladar a Estados Unidos a prácticamente todo el grupo colombiano que seguía esperando una definición judicial.
