El Cesar vuelve a aparecer en el centro de la memoria del conflicto armado tras una audiencia histórica en la que cinco excomandantes del Bloque Caribe de las Farc reconocieron públicamente que el secuestro fue una política sistemática aplicada durante años en la región. Este proceso, adelantado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representa un avance clave para las víctimas del departamento que durante décadas vivieron bajo el miedo y la violencia.
La diligencia se realizó en el marco del Caso 01, que investiga la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc entre 1993 y 2012, periodo en el que se concentró el mayor número de secuestros en el país.
En este escenario comparecieron Abelardo Caicedo, Uriel Oviedo, Osmany Landero, Gilberto Giraldo y Luis Cuadras, quienes fueron identificados como máximos responsables regionales de esta práctica en departamentos como Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar y Sucre.
Para el Cesar, este reconocimiento tiene un peso especial, ya que el accionar del Bloque Caribe impactó directamente territorios clave del departamento. Según lo expuesto en la audiencia, esta estructura operó en zonas como la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en corredores viales estratégicos donde se registraron múltiples secuestros.
La magistrada Julieta Lemaitre explicó que la JEP ha identificado tres patrones principales en esta política criminal: secuestros con fines económicos para financiar la organización, privaciones de la libertad para presionar intercambios de guerrilleros presos y secuestros orientados a ejercer control social y territorial en las regiones.
Estos patrones marcaron profundamente al Cesar, donde comunidades rurales, ganaderos, comerciantes y viajeros fueron víctimas de retenes ilegales y “pescas milagrosas” en carreteras que conectan municipios y zonas productivas. Durante años, estas prácticas no solo afectaron la seguridad, sino también la economía y la vida cotidiana del departamento.
La audiencia contó con la participación de 32 víctimas acreditadas, algunas de ellas provenientes del Cesar, quienes escucharon de primera mano el reconocimiento de los excombatientes. Este espacio busca no solo esclarecer los hechos, sino también avanzar en la reparación y dignificación de quienes sufrieron estos crímenes.
Desde la JEP se destacó que los comparecientes ya habían aceptado su responsabilidad por escrito, pero este acto público frente a las víctimas es un paso fundamental en el proceso de verdad. Su colaboración será determinante para definir las sanciones restaurativas a las que podrían acceder.
Además, se anunció que este proceso continuará con nuevas sesiones, incluida una que se desarrollará en el Cesar, lo que refuerza la importancia del departamento dentro de este caso y abre un espacio directo para que más víctimas puedan ser escuchadas.
Para el Cesar, este momento no solo representa justicia, sino también memoria. Lo que hoy se reconoce ante los tribunales es parte de una historia que dejó heridas profundas y que ahora comienza a ser contada desde la voz de quienes la vivieron y de quienes, por primera vez, admiten su responsabilidad.
