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El presidente Abelardo De La Espriella respondió este domingo al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, después de que el magistrado advirtiera que una reducción adicional del presupuesto podría cerrar la JEP. El mandatario rechazó que exista una estrategia para asfixiar financieramente al tribunal y aseguró que la discusión corresponde a una decisión de responsabilidad fiscal.
La confrontación aumentó después de que Ramelli remitiera el oficio PRS-239-2026, del 18 de septiembre, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En ese documento puso en conocimiento de ese organismo las iniciativas presupuestales y legislativas que, según la JEP, podrían afectar su independencia y funcionamiento.
Abelardo rechaza que el presupuesto busque cerrar la JEP
De La Espriella aseguró que ninguna decisión de su Gobierno permite sostener que Colombia esté incumpliendo sus compromisos internacionales; además, defendió la facultad del Congreso para discutir cuánto dinero recibe cada organismo estatal. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, sostuvo el mandatario en el pronunciamiento divulgado este 20 de septiembre. También señaló que los recursos públicos deben distribuirse según la disponibilidad fiscal y las prioridades del Estado.
El Presidente sostuvo que la JEP ha recibido más de $3 billones desde 2018. Según las cifras incluidas en su declaración, tuvo $777.069 millones en 2025 y cerca de $744.659 millones en 2026. Para 2027 pidió $947.642 millones, mientras el proyecto presentado al Congreso contempla $821.803 millones. La discusión presupuestal ocurre, además, dentro del ajuste general que enfrenta el Gobierno. Noticias del Cesar ya había informado que el Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó aforado inicialmente en $634,9 billones. También explicó el plan de austeridad anunciado por De La Espriella para reducir gastos estatales.
¿De dónde salen los $185.000 millones que denuncia Ramelli?
La diferencia entre lo solicitado por la JEP y lo incluido inicialmente en el proyecto alcanza $125.839 millones. Sin embargo, $41.176 millones de esa solicitud correspondían a la compra del edificio donde funciona la jurisdicción. Por esa razón, la JEP calcula su faltante operativo en $84.663 millones. A ese faltante se sumó una propuesta del senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional. El congresista planteó reducir otros $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa todavía forma parte del trámite presupuestal en el Congreso.
Por eso, Ramelli habla de una afectación cercana a $185.000 millones. Según el magistrado, esa reducción pondría en dificultades las audiencias, la protección de víctimas y testigos, los desplazamientos territoriales y otros gastos esenciales para el funcionamiento de la jurisdicción. El presidente de la JEP llevó su advertencia todavía más lejos. “Entre recortar el presupuesto y cerrarla no es que exista mucha diferencia”, afirmó al explicar las consecuencias que, a su juicio, tendría el traslado adicional de recursos.
Ramelli llevó la disputa hasta la Corte Penal Internacional
La controversia dejó de ser únicamente presupuestal cuando Ramelli decidió comunicarla a organismos internacionales. El presidente de la JEP acudió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y anunció gestiones ante otras instancias internacionales. La jurisdicción sostiene que las iniciativas podrían afectar las garantías de las víctimas, los comparecientes y la continuidad de los procesos derivados del Acuerdo de Paz.
De La Espriella rechazó esa interpretación. Según el mandatario, una discusión sobre asignación presupuestal no equivale a una amenaza contra la independencia de los jueces. Además, afirmó que su prioridad será fortalecer la justicia ordinaria. En su criterio, juzgados, fiscalías y tribunales necesitan mayores recursos para enfrentar la congestión y atender los procesos de millones de ciudadanos.
Abelardo cuestiona los resultados y la nómina de la JEP
El Presidente también trasladó la discusión hacia los resultados obtenidos por la jurisdicción. Recordó que las primeras grandes sentencias restaurativas llegaron en 2025 y aseguró que debe existir un examen sobre la relación entre recursos, estructura administrativa y decisiones judiciales. De La Espriella mencionó, además, que los gastos de personal de la JEP para 2026 ascienden a $404.477 millones. Esa cifra aparece en el informe de ejecución presupuestal de la propia jurisdicción, correspondiente a febrero de este año.
La JEP, sin embargo, cuestiona que sus resultados se midan únicamente por el número de sentencias de los macrocasos. Ramelli sostiene que la jurisdicción acumula 3.618 decisiones con efecto de sentencia, además de actuaciones relacionadas con amnistías, beneficios jurídicos y definición de situaciones de comparecientes.
La Popa conecta el debate con Valledupar y el Cesar
El debate tiene un antecedente directo en Valledupar. Una de las primeras grandes sentencias restaurativas de la JEP fue expedida el 18 de septiembre de 2025 dentro del subcaso Costa Caribe del Caso 03. La decisión sancionó a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa con entre cinco y ocho años de trabajos restaurativos y restricciones de derechos. El proceso documentó 135 personas asesinadas y desaparecidas en 77 hechos ocurridos en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2005.
Antes de la sentencia, la JEP realizó en Valledupar una audiencia para establecer las condiciones de los proyectos restaurativos. En ella participaron víctimas, comparecientes y entidades públicas llamadas a respaldar las medidas de reparación. Por eso, cualquier modificación presupuestal de la jurisdicción también tiene una dimensión regional. En el Cesar continúan procesos vinculados con víctimas, integrantes de la Fuerza Pública y decisiones surgidas de las investigaciones adelantadas durante los últimos años.
El recorte de $100.000 millones todavía no está aprobado
La controversia continuará ahora en el Congreso. La propuesta de trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura no constituye todavía una reducción definitiva. Hace parte de las modificaciones planteadas durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027.
Mientras Ramelli sostiene que una disminución de esa magnitud podría comprometer el funcionamiento de la jurisdicción, De La Espriella afirma que revisar sus recursos constituye una decisión presupuestal legítima y no una interferencia judicial. Así, el pulso entre la Casa de Nariño y la JEP pasó de una discusión sobre cifras a un debate sobre independencia judicial, resultados, víctimas y el futuro financiero de la justicia transicional.
