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El presidente Abelardo de la Espriella convirtió el adoctrinamiento en la educación en uno de los asuntos centrales de su primer discurso como jefe de Estado. Tras asumir la Presidencia de Colombia este 7 de agosto en Cali, sostuvo que las aulas deben estar al servicio del conocimiento, la ciencia, las humanidades y el pensamiento libre, y no de la propaganda política. El mensaje retoma una discusión que marcó su campaña y que incluso tuvo un episodio reciente en Valledupar, donde Noticias del Cesar publicó dos informes sobre una denuncia de presunto adoctrinamiento en el CASD.
Adoctrinamiento en la educación: la línea roja que trazó Abelardo
De la Espriella pronunció su primer gran discurso presidencial desde el Cantón Militar Pichincha, después del acto protocolario de posesión realizado en la Universidad Santiago de Cali. Seguridad, economía, salud, descentralización y educación hicieron parte de una intervención con la que comenzó a delinear las prioridades de su administración para el periodo 2026-2030.
Cuando llegó al capítulo educativo fue particularmente enfático. En el fragmento de su intervención difundido posteriormente en redes sociales, expresó:
“Hay un principio sobre el cual no vacilaré: la educación no puede convertirse jamás en un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Las aulas pertenecen al conocimiento, la ciencia, las humanidades y el pensamiento libre; nunca a la propaganda política. La misión de la escuela consiste en enseñar a pensar, pero no en decirle a nuestros niños y jóvenes cómo tienen que pensar y lo que tienen que pensar”.
La frase plantea una frontera clara entre educar y tratar de orientar políticamente al estudiante. De la Espriella no mencionó durante ese apartado casos específicos ni anunció todavía un mecanismo concreto para determinar cuándo una actuación dentro de una institución educativa podría considerarse adoctrinamiento. Sí dejó establecido que el tema hará parte de la orientación educativa y de la denominada “batalla cultural” de su Gobierno.
El mandatario también resumió su visión de la educación con otra afirmación: “el porvenir de un pueblo se construye en sus escuelas, colegios y universidades”. Su propuesta conecta la enseñanza con el mérito, las oportunidades laborales, la formación técnica y tecnológica y una mayor presencia de inteligencia artificial, ciencia de datos, programación y robótica en el sistema educativo.
Durante el discurso sostuvo además que “de nada sirve un diploma si no abre las puertas a un empleo”, una frase con la que volvió a defender una educación más vinculada con las capacidades productivas y las oportunidades reales de los jóvenes.
El debate no comenzó con la posesión presidencial
La posición expresada el 7 de agosto no es nueva. Durante la campaña presidencial, De la Espriella convirtió la educación en uno de los escenarios de su denominada batalla cultural y cuestionó abiertamente la influencia que, según su criterio, ha ejercido Fecode sobre el sistema educativo colombiano.
En octubre de 2025 llegó a declarar: “Hay que sacar a Fecode y volver a meter a Dios en las clases”. También planteó recuperar el Icetex y desarrollar un sistema educativo con mayor orientación vocacional para que los estudiantes puedan identificar tempranamente sus aptitudes y conectarlas con el mercado laboral.
Ese antecedente introduce, sin embargo, una discusión que el nuevo Gobierno tendrá que resolver con cuidado. Combatir el adoctrinamiento no puede significar reemplazar una orientación ideológica por otra. Si el principio anunciado por De la Espriella es que la escuela debe enseñar a pensar y no indicar qué pensar, esa misma regla tendrá que aplicarse frente a posiciones de izquierda, derecha, religiosas, partidistas o de cualquier otra naturaleza.
Ese será posiblemente uno de los mayores desafíos de la política educativa que comienza.
La Constitución también protege el pensamiento libre en las aulas
El planteamiento presidencial encuentra un marco importante en la Constitución. El artículo 27 establece que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Al mismo tiempo, el artículo 67 define la educación como un derecho y un servicio público con función social, orientado al acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores de la cultura.
La propia Constitución señala que la educación debe formar al colombiano en el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia. La Ley General de Educación amplía ese mandato e incorpora entre sus fines la formación en pluralismo, justicia, solidaridad, tolerancia y libertad.
Por eso, una clase sobre política no constituye automáticamente adoctrinamiento. Tampoco lo es discutir sobre modelos económicos, gobiernos, conflictos sociales, historia, religión o diferentes corrientes ideológicas. El punto crítico aparece cuando la enseñanza deja de proporcionar herramientas para analizar posiciones distintas y pasa a intentar imponer una única interpretación como verdad política incuestionable.
La diferencia parece sencilla sobre el papel, pero puede ser mucho más compleja dentro de un salón de clases.
Valledupar ya tuvo su propio debate por un caso en el CASD
La discusión tiene además un antecedente inmediato en el Cesar. El pasado 12 de julio, Noticias del Cesar publicó la denuncia titulada “Presunto adoctrinamiento en el CASD de Valledupar”. Una madre de familia manifestó preocupación por comentarios que, según su versión, habría realizado un docente durante una jornada de preparación para las pruebas ICFES.
Desde el comienzo, este medio dejó establecido que se trataba de una denuncia en proceso de verificación y no de hechos plenamente demostrados. La información tenía un elemento político adicional: la denuncia había llegado a la coordinación de la entonces campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Cesar.
Noticias del Cesar continuó investigando el episodio. Posteriormente publicó una segunda información, “Rector del CASD recibe evidencias sobre denuncia”, en la que se informó que el rector de la institución, Jarvis Olivella Socarrás, recibió elementos relacionados con el caso.
El directivo manifestó entonces que antes de la entrevista concedida al medio solo había conocido la situación a partir de la publicación inicial de Noticias del Cesar.
Estos dos antecedentes adquieren ahora una dimensión distinta. Un asunto que semanas atrás generó debate en una institución educativa de Valledupar aparece convertido en una de las líneas políticas trazadas desde la Presidencia de la República.
El tratamiento de aquel episodio también muestra precisamente la dificultad del debate. Una acusación de adoctrinamiento no debería convertirse automáticamente en una condena contra un maestro. Debe verificarse qué ocurrió, escuchar a estudiantes, padres, docentes y directivos y establecer el contexto en el cual fueron pronunciadas determinadas expresiones.
La libertad de pensamiento también exige garantías para todas las partes.
Una promesa que ahora deberá convertirse en política pública
Hasta ahora, el presidente ha definido el principio. Falta conocer el método. No será sencillo determinar dónde termina la libertad de cátedra y dónde comienza una eventual utilización partidista del aula. Tampoco será menor el debate sobre quién establecerá esa frontera, qué procedimientos tendrán las familias para presentar denuncias, qué garantías conservarán los docentes y cómo evitar que una diferencia política termine convertida en un proceso disciplinario.
De la Espriella también deberá resolver una aparente tensión dentro de su propia propuesta. Si las aulas no pueden servir para imponer una ideología política, tampoco deberían convertirse en escenarios destinados a imponer desde el Estado una determinada concepción religiosa, moral o partidista.
Su propia frase deja establecido el criterio con el que podrá evaluarse esa política durante los próximos cuatro años: enseñar a pensar, no enseñar qué pensar. Ese principio puede ser compartido desde distintas posiciones políticas. El verdadero examen comenzará cuando el Gobierno deba convertirlo en normas, orientaciones pedagógicas y decisiones concretas.
Porque sacar la propaganda de las aulas puede resultar relativamente fácil de proclamar desde un discurso presidencial.
Garantizar que dentro de ellas puedan convivir ideas diferentes sin miedo, presiones ni imposiciones será una tarea bastante más compleja.