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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se pronunció sobre la polémica generada por la venta de varios vehículos y otros bienes muebles pertenecientes al municipio.
Durante un evento realizado en el corregimiento de Valencia de Jesús, el mandatario anunció que solicitó un informe detallado sobre todo el proceso de enajenación.
Orozco explicó que pidió información sobre cada una de las etapas adelantadas y sobre el estado actual del procedimiento.
El propósito, según dijo, es poner toda la documentación a disposición de las autoridades competentes.
Alcaldía entregará información a las autoridades
El alcalde aseguró que la administración recopilará los documentos necesarios para que los organismos de control y judiciales puedan revisar el caso.
“Pedí un informe detallado del proceso, las actuaciones adelantadas en cada una de sus etapas y su estado actual”, señaló Orozco.
El mandatario agregó que la información será entregada para que las autoridades determinen si existieron eventuales irregularidades o responsabilidades.
Su pronunciamiento se produce después de que la Fiscalía General de la Nación abriera una “iniciativa investigativa” sobre el proceso.
Ese procedimiento corresponde a una etapa preliminar de verificación. No implica, por sí solo, la existencia de una investigación penal formal ni determina responsabilidades.
¿Por qué surgió la polémica?
El caso comenzó a tomar fuerza después de una denuncia pública del exconcejal Jhon Díaz Carpio. Según Carpio, el municipio vendió un lote de 33 activos públicos por alrededor de $31 millones. El exconcejal aseguró que el valor de referencia de los bienes habría superado los $3.072 millones. Uno de los casos que más atención generó fue el de una Toyota Prado TXL modelo 2013.
De acuerdo con la denuncia, el vehículo habría sido incluido en el proceso por un valor cercano a los $2,5 millones. Carpio cuestionó la metodología utilizada para establecer los precios y señaló posibles diferencias frente a valores comerciales. Estas afirmaciones forman parte de su denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades.
Fiscalía revisa el proceso
Tras conocerse los cuestionamientos, la Fiscalía abrió una iniciativa investigativa para revisar la legalidad del procedimiento contractual.
La entidad deberá verificar documentos, avalúos, precios, condiciones de venta y demás actuaciones relacionadas con la enajenación.
Por ahora, no existe una decisión judicial que confirme irregularidades ni responsabilidades individuales.
La Alcaldía de Valledupar informó que entregará la documentación solicitada y colaborará con las autoridades durante la revisión.
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