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Alejandro Ordóñez Maldonado volvería a la diplomacia como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el exprocurador llegaría al cargo mientras enfrenta una demanda que busca obligarlo a responder con su patrimonio por la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba.
La Procuraduría General reclama más de $1.674 millones mediante una acción de repetición. Ese dinero corresponde a la indemnización que el Estado pagó por salarios y prestaciones que Córdoba dejó de recibir tras la sanción disciplinaria impuesta en 2010.
Ordóñez volvería a la Embajada de Colombia ante la OEA
Carlos Suárez, estratega político de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, confirmó que Ordóñez asumiría nuevamente la representación de Colombia ante la OEA. El exprocurador ya desempeñó ese cargo durante el Gobierno de Iván Duque.
El nombramiento lo llevaría otra vez a Washington, sede del organismo continental. No obstante, su regreso coincide con un proceso judicial que se encuentra próximo a una decisión del Consejo de Estado.
Procuraduría busca recuperar el dinero pagado por el Estado
La demanda sostiene que Ordóñez pudo actuar con culpa grave cuando destituyó e inhabilitó por 18 años a Piedad Córdoba. La sanción se fundamentó en supuestos nexos, promoción y colaboración con la antigua guerrilla de las Farc.
En 2016, el Consejo de Estado anuló la decisión disciplinaria. El tribunal concluyó que la sanción se apoyó principalmente en información extraída del computador de alias ‘Raúl Reyes’, material que consideró ilegal e inválido dentro de ese proceso.
Después de esa anulación, el Estado tuvo que reconocerle a Córdoba los ingresos laborales que dejó de recibir entre noviembre de 2010 y julio de 2014. Ahora, la Procuraduría pretende que Ordóñez reintegre esa suma con recursos propios.
Consejo de Estado se prepara para dictar sentencia
El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, informó que el despacho ya reunió los elementos necesarios para resolver la acción de repetición. El expediente se encuentra en etapa de fallo.
La Procuraduría pide que Ordóñez sea declarado responsable por la expedición de las decisiones disciplinarias de septiembre y octubre de 2010. Para que prospere la demanda, deberá demostrarse que actuó de manera negligente, imprudente o con culpa grave.
Defensa sostiene que la sanción estaba amparada en derecho
La abogada de Ordóñez, Ruth Stella Correa, ha defendido que la actuación del entonces procurador tenía respaldo jurídico. También afirma que su cliente no incurrió en culpa grave al imponer la sanción contra la exsenadora.
Según esa postura, Ordóñez tomó la decisión con base en elementos administrativos que, en ese momento, justificaban la actuación disciplinaria. El Consejo de Estado deberá resolver si esos argumentos excluyen su responsabilidad patrimonial.
El pleito no impediría su posesión como embajador
Una eventual condena dentro de la acción de repetición no generaría automáticamente una inhabilidad para asumir la Embajada ante la OEA. El proceso tiene naturaleza patrimonial y busca recuperar recursos que el Estado pagó por una actuación atribuida a un exfuncionario.
Por esta razón, Ordóñez podría posesionarse aunque el proceso continúe abierto. Sin embargo, una decisión adversa sí lo obligaría a responder económicamente por los $1.674 millones reclamados por la Procuraduría.
No fue la única sanción anulada durante su gestión
Durante su paso por la Procuraduría, Ordóñez también destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro, quien entonces ejercía como alcalde de Bogotá. Esa sanción estuvo relacionada con la modificación del modelo de recolección de basuras de la capital.
El Consejo de Estado anuló posteriormente la decisión. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y ordenó ajustar las normas para impedir que una autoridad administrativa limite los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular.
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El fallo coincidiría con su regreso a la diplomacia
La posible llegada de Alejandro Ordóñez a la OEA estará acompañada por la atención pública sobre el fallo pendiente. El Consejo de Estado tendrá que establecer si el exprocurador debe asumir personalmente el costo que generó la sanción anulada contra Piedad Córdoba.
Mientras tanto, su defensa insiste en la legalidad de la actuación. La Procuraduría, por su parte, sostiene que el Estado no debe cargar con las consecuencias económicas de una decisión adoptada con culpa grave.