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El país define hoy su rumbo en medio de un clima de máxima alerta. Especialistas en seguridad y exfuncionarios advierten que las amenazas de alteraciones al orden público, tras conocerse los resultados de la segunda vuelta, representan un peligro inminente y calculado.
Un clima caldeado por declaraciones políticas
Este domingo los colombianos eligen presidente entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Sin embargo, las recientes declaraciones de líderes políticos afines al Gobierno han generado profunda preocupación. Figuras como Carlos Carrillo, quien aseguró que el país «se va a incendiar», o Gustavo Bolívar, quien sugirió que la gente «se va a armar» ante una eventual derrota en las urnas, pusieron a las autoridades a la defensiva.
Para Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, estas palabras no son simples exageraciones de campaña. El experto señaló que existe un riesgo palpable de violencia promovida, más que de una manifestación ciudadana espontánea. Mejía fue contundente al afirmar que incitar a la destrucción pública es una amenaza directa que debería tener consecuencias penales.
Por su parte, Emilio Archila, exconsejero presidencial, tildó de irresponsables estas posturas. Aclaró que la protesta pacífica es un derecho, pero advirtió que la institucionalidad y los demócratas enfrentarán con todo el peso de la ley cualquier intento de vandalizar la nación.
El riesgo sobre los votos físicos
El escenario más crítico lo describió el general en retiro Jorge Luis Vargas. El exdirector de la Policía Nacional pronosticó una posible ofensiva planeada, estructurada y focalizada contra las sedes de la Registraduría y las autoridades electorales.
Según Vargas, el verdadero objetivo de estos grupos radicales sería quemar los votos. Con esta maniobra de sabotaje, buscarían impedir el escrutinio oficial para luego declarar las elecciones como ilegítimas por falta de pruebas físicas.
Ante este panorama de tensión, los expertos hacen un llamado de máxima urgencia a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Hoy, más que nunca, los uniformados son la barrera fundamental para proteger el material electoral en los territorios y garantizar que se respete la decisión que tomen los colombianos en las urnas.