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El abogado Alejandro Sánchez Cerón asegura que la gobernadora actuó de buena fe cuando compró un terreno para viviendas sociales en San Diego. La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en la contratación.
La defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila descarta que la gobernadora del Cesar haya actuado con dolo al comprar un terreno en San Diego. Su abogado, Alejandro Sánchez Cerón, expresó plena confianza en demostrarlo ante la Corte Suprema de Justicia. En entrevista con Radio Guatapurí, el penalista sostuvo que no existe posibilidad de demostrar una conducta dolosa de la entonces alcaldesa. También aseguró que la Fiscalía no conocía todo el contexto de la contratación.
La controversia gira alrededor de un terreno que la administración municipal compró en 2017 por $88 millones. El predio tenía como destino un proyecto de viviendas para familias afectadas por inundaciones; sin embargo, la Fiscalía cuestiona el procedimiento contractual. Además, sostiene que existía una inhabilidad relacionada con el parentesco entre el vendedor y un concejal del municipio.
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Defensa de Elvia Milena descarta una conducta dolosa
Sánchez Cerón manifestó su confianza en que las pruebas demostrarán que la mandataria actuó de buena fe. Según explicó, la administración buscaba solucionar las dificultades de vivienda de familias que sufrían las consecuencias de las inundaciones. El abogado afirmó que la entonces alcaldesa tomó decisiones para proteger los recursos públicos. También destacó que consiguió un terreno adecuado y logró construir las viviendas.
A su juicio, la Fiscalía no contaba inicialmente con todos los elementos necesarios para comprender las circunstancias de la compra; por esa razón, considera que las pruebas de la defensa permitirán aclarar los hechos durante el juicio; no obstante, la ausencia de dolo constituye una tesis de la defensa. La Corte Suprema deberá valorar las pruebas antes de establecer si existe responsabilidad penal.
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¿Qué sabía la alcaldesa sobre el parentesco del vendedor?
Uno de los puntos centrales del proceso es el vínculo familiar entre el vendedor del predio y un concejal de San Diego. La Fiscalía sostiene que Juan Gerardo Arzuaga Rubio, vinculado a la venta del terreno, era hermano del entonces concejal Armando José Arzuaga Rubio. Según la acusación, el concejal participó en la aprobación del acuerdo municipal que autorizó la adquisición de tierr
