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La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, no aceptó los cargos que enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la compra de un lote cuando se desempeñaba como alcaldesa de San Diego.
El proceso está relacionado con la adquisición de un terreno de dos hectáreas, desprendido de la finca Villa Calzo y ubicado en el corregimiento El Desastre. El predio fue comprado mediante el contrato 17-046, firmado el 27 de febrero de 2017 por $88 millones.
Durante la audiencia preparatoria, la mandataria estuvo representada por su abogado Alejandro Sánchez, quien manifestó que no aceptaban los cargos formulados por la Fiscalía.
¿Qué delitos le atribuye la Fiscalía?
La gobernadora enfrenta señalamientos por los delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía sostiene que durante la etapa precontractual habrían existido irregularidades en la forma como se adelantó la compra.
Entre los cuestionamientos está el plazo fijado para recibir ofertas. Según el ente acusador, la administración abrió una invitación por 60 días, pero cerró el proceso apenas seis días después de recibir una única propuesta.
También se cuestiona que la Alcaldía no hubiera gestionado un avalúo independiente del predio. La negociación se habría sustentado en un peritaje aportado por el mismo vendedor.
El parentesco que está bajo revisión
Otro punto central del proceso está relacionado con el vendedor del terreno, Juan Gerardo Arzuaga Rubio.
La Fiscalía sostiene que Arzuaga Rubio es hermano de Armando José Arzuaga Rubio, quien para la época de los hechos ejercía como concejal de San Diego.
Ese vínculo familiar es uno de los elementos con los que el ente acusador busca sustentar una posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Será la Corte Suprema la que determine si esas circunstancias configuran o no responsabilidad penal.
Fiscalía presentó sus pruebas
La fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela Rodríguez, solicitó la incorporación de documentos relacionados con el contrato de compraventa.
También pidió escuchar a exfuncionarios que participaron en la estructuración del negocio.
Entre ellos aparecen Ricardo Javier Peralta Pérez, entonces jefe de la oficina jurídica, y Fanny María Padilla López, quien estuvo vinculada al estudio de conveniencia y supervisión del contrato.
La Fiscalía también solicitó el testimonio de un perito financiero que deberá referirse a los presuntos sobrecostos del negocio.
El proceso continúa
La decisión de no aceptar cargos significa que el caso seguirá su curso ante la Corte Suprema.
Por ahora, no existe una condena contra la gobernadora. La Fiscalía deberá demostrar su teoría del caso con las pruebas documentales y testimoniales que sean admitidas.
La defensa, por su parte, podrá controvertir esos elementos durante el juicio.
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