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El abogado Alejandro Sánchez Cerón sostiene que la entonces alcaldesa de San Diego desconocía el parentesco entre el vendedor de un terreno y un concejal. La Fiscalía mantiene una tesis contraria.
La defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila sostiene que la gobernadora desconocía un parentesco que hoy ocupa un lugar central en su proceso judicial. Se trata del vínculo familiar entre el vendedor de un terreno y un concejal de San Diego, Cesar. El abogado Alejandro Sánchez Cerón expuso esa posición durante una entrevista con Radio Guatapurí. Sus declaraciones llegaron después de la audiencia preparatoria del 13 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia.
La defensa sostiene que la entonces alcaldesa actuó de buena fe. Además, afirma que la compra permitió construir viviendas para familias afectadas por inundaciones. La Fiscalía, por su parte, cuestiona la legalidad del contrato. También sostiene que la mandataria habría recibido una advertencia sobre el parentesco del vendedor.
Defensa de Elvia Milena explica el parentesco
Sánchez Cerón no negó que existiera una relación familiar entre el vendedor y el concejal. Su argumento se concentra en otro aspecto: la administración desconocía ese vínculo cuando compró el predio. Según el abogado, los hermanos utilizaban apellidos diferentes. Esa circunstancia habría dificultado que los funcionarios identificaran el parentesco.
El defensor también aseguró que ningún documento oficial informó sobre esa relación. Afirmó que tampoco quedó constancia en las sesiones del Concejo o mediante comunicaciones dirigidas a la Alcaldía; además, indicó que el vendedor manifestó que no tenía inhabilidades para contratar. La defensa considera que esos hechos respaldan la buena fe de la entonces alcaldesa y de su equipo de gobierno; sin embargo, la Fiscalía sostiene una posición distinta. Según su acusación, Sanjuán habría recibido información sobre el vínculo familiar antes de concretar la adquisición.
La discusión judicial deberá establecer qué conocía la administración y cuáles pruebas respaldan las afirmaciones de cada parte.
Un terreno de $88 millones frente a un avalúo superior
El precio del terreno constituye otro argumento de la defensa. Sánchez Cerón explicó que la Alcaldía de San Diego pagó $88 millones por el inmueble. Según su versión, el municipio consiguió un precio inferior al valor comercial estimado. El abogado señaló que un avalúo realizado por la Fiscalía situó el valor del predio cerca de $220 millones. Para la defensa, esa diferencia demuestra que la operación favoreció las finanzas municipales.
También explicó que la administración contaba con recursos limitados. Por esa razón, buscó negociar un precio que permitiera desarrollar el proyecto habitacional; sin embargo, pagar un precio inferior al valor comercial no demuestra, por sí solo, que la contratación cumpliera todos los requisitos legales. La Corte deberá examinar tanto las condiciones de la compra como las actuaciones de los funcionarios que participaron.
Las viviendas, otro argumento de la defensa
La defensa de Elvia Milena también destaca los resultados sociales del proyecto. Sánchez Cerón afirmó que la administración necesitaba trasladar a familias afectadas por inundaciones. Por eso, buscó un terreno con condiciones adecuadas para construir viviendas. Según su explicación, el municipio escogió un predio que ofrecía mejores condiciones frente al riesgo de inundación. El abogado aseguró que las viviendas se construyeron y que las familias beneficiarias actualmente las habitan.
Con estos argumentos, busca demostrar que la alcaldesa actuó para resolver una necesidad de la comunidad; no obstante, la finalidad social de una inversión no resuelve automáticamente los cuestionamientos sobre su contratación. Una cosa es comprobar que el proyecto benefició a las familias. Otra es determinar si la administración respetó las exigencias legales durante la compra.
¿Qué autorizó realmente el Concejo?
La entrevista con Radio Guatapurí también abordó el acuerdo municipal relacionado con la adquisición. Sánchez Cerón explicó que el Concejo no autorizó la compra de un terreno específico. Según el abogado, el acuerdo permitió buscar predios para desarrollar soluciones habitacionales. Esta precisión busca diferenciar la autorización general del proyecto y la posterior selección del inmueble.
El asunto resulta relevante porque la Fiscalía cuestiona el vínculo familiar entre el vendedor y un concejal que participó en las decisiones municipales. Para establecer el alcance de esa participación, será necesario examinar el acuerdo y las actas correspondientes. También importa conocer cómo seleccionó la Alcaldía el terreno y qué verificaciones realizó antes de contratar.
¿Qué viene ahora ante la Corte Suprema?
La audiencia del 13 de octubre permitió a la Fiscalía y a la defensa presentar las pruebas que buscan llevar al juicio. Sánchez Cerón explicó que la Sala Especial de Primera Instancia deberá decidir cuáles documentos, testimonios y demás elementos admite. El abogado anunció que utilizará los recursos legales disponibles si considera que alguna decisión afecta el derecho de defensa.
Después de resolver la discusión probatoria, el proceso podrá avanzar hacia el juicio oral. Allí, las partes tendrán oportunidad de presentar y controvertir las pruebas admitidas. La defensa de Elvia Milena confía en demostrar que la entonces alcaldesa actuó con transparencia y desconocía la posible inhabilidad del vendedor. La Fiscalía buscará sustentar los delitos que atribuye a la mandataria: violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte deberá resolver esa controversia mediante las pruebas y los argumentos jurídicos correspondientes.
Mientras no exista una sentencia condenatoria en firme, la gobernadora conserva su presunción de inocencia. El proceso deja una pregunta fundamental: ¿qué pruebas permitirán determinar si la entonces alcaldesa conocía el parentesco antes de firmar el contrato? La respuesta será importante para comprender uno de los principales puntos de discusión entre la Fiscalía y la defensa.
